sábado 12 de septiembre de 2026

Economía

Cámara Nacional de Industrias propone elementos clave para la nueva Ley de Inversiones

El presidente Rodrigo Paz presentará el proyecto de Ley de Inversiones el próximo 11 de agosto, el cual busca fomentar la atracción de capital extranjero y establecer normas claras en el país.

Por Fernando Torrico · 8 de agosto de 2026

El jueves pasado, el presidente Rodrigo Paz hizo público que el martes 11 de agosto enviará la propuesta de la nueva Ley de Inversiones a la Asamblea Legislativa, marcando el inicio del proceso de socialización y análisis de esta iniciativa.

Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI), se han señalado dos aspectos cruciales que deben ser considerados en esta normativa: la previsibilidad jurídica y el establecimiento de un marco claro para el arbitraje internacional. Gonzalo Morales, presidente de la CNI, enfatizó que la nueva ley es esencial para atraer inversiones extranjeras, ya que ofrece un entorno de seguridad jurídica.

Morales explicó que la previsibilidad jurídica implica que las normativas deben permanecer constantes en el tiempo, evitando cambios repentinos que puedan generar incertidumbre entre los inversionistas. De esta manera, se busca que las reglas del juego sean claras y permanentes.

Por otro lado, el presidente de la CNI destacó la importancia de normar el arbitraje internacional, de tal forma que las diferencias entre el Gobierno y los inversionistas puedan resolverse a través de este mecanismo, lo que brindaría una mayor confianza a quienes decidan invertir en el país.

“Los inversionistas nacionales optan por llevar sus capitales a lugares donde perciben seguridad jurídica. Si se incluyen estas normas en la ley, se podrán ver más fábricas y un incremento en el comercio en Bolivia”, reflexionó el líder industrial.

Adicionalmente, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, mencionó anteriormente que esta ley, considerada como “corta”, se fundamenta en tres pilares: la protección del patrimonio del inversionista, la autorización legislativa en casos de nacionalizaciones o confiscaciones y la resolución de disputas en el ámbito internacional. Esta normativa representa la primera de un conjunto de aproximadamente 12 leyes que el Gobierno tiene previsto presentar para transformar estructuralmente el país.