La defensa de la autonomía judicial: un pilar de la democracia
El fortalecimiento de las instituciones es fundamental para garantizar la libertad y el respeto a los derechos en una democracia. El Poder Judicial debe operar con independencia y sin presiones externas.
En una democracia genuina, la protección de las instituciones no debe ser una preocupación pasajera, ni relegada solo a los expertos. Es una responsabilidad cívica que cada ciudadano debe asumir. Aquellos que valoran la República comprenden que sin instituciones robustas no hay verdadera libertad ni equilibrio de poderes, ni tampoco una salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales.
La democracia no puede existir cuando las instituciones operan meramente en teoría, al mismo tiempo que son manipuladas o coaccionadas por el poder político vigente. Tampoco se puede hablar de democracia cuando se ven afectadas por intereses privados o por redes de corrupción. Una democracia que carece de autonomía institucional se convierte en un mero simulacro; mantiene sus formas, pero pierde su esencia y su significado. Donde el poder se ejerce sin contrapesos, la ley deja de ser un límite y se convierte en un instrumento al servicio de conveniencias personales. En tales circunstancias, la población, que aún está en proceso de desarrollar su conciencia cívica, queda vulnerable ante el abuso y la arbitrariedad, e incluso ante la captura del propio Estado.
Es fundamental aclarar que exigir el respeto a los derechos frente a las acciones del Estado no equivale a una postura partidista o a un alineamiento ideológico. Esta noción, de hecho, es uno de los discursos más antiguos contra la democracia; descalificar como “politizado” a quien exige el funcionamiento de instituciones, jueces y fiscales independientes es una estrategia destinada a socavar la crítica y a debilitar la vigilancia ciudadana. El Estado está diseñado para servir a la sociedad, y una de sus funciones más cruciales es garantizar la justicia de forma independiente y legítima.
En este contexto, el papel del juez y del Poder Judicial se vuelve crucial. No hay un límite efectivo al poder sin una justicia autónoma que pueda controlarlo. Esta función se torna aún más significativa cuando ciertos sectores políticos utilizan la democracia como un medio para alcanzar el poder y luego lo instrumentalizan para su propio beneficio, respaldando prácticas corruptas o incluso delictivas. El Perú ha sido un testigo claro de cómo determinadas redes de poder pueden infiltrarse en las instituciones, degradándolas desde adentro y transformando la legalidad en una simple ilusión. Por ello, invocar la democracia no es suficiente; es necesario protegerla de quienes intentan vaciarla de contenido.
En este sentido, las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello Gilardi, durante la apertura del año judicial, merecen un fuerte apoyo. Su llamado a respetar la autonomía e independencia del sistema judicial no solo defiende a una institución, sino que protege un interés público fundamental y reafirma la dignidad de la función jurisdiccional. Un Poder Judicial robusto, competente y comprometido con el país es esencial para frenar los abusos del poder y para evitar que la corrupción se convierta en un método aceptado de gobierno.
En este momento, cuando el crimen organizado y la corrupción luchan por espacios de influencia en el Estado, la independencia judicial no es un lujo; es una barrera crítica que debe mantenerse. Si esta barrera se ve comprometida, no solo se afecta a una entidad, sino que se pone en riesgo a toda la ciudadanía. Por eso, defender al Poder Judicial frente a las presiones del Ejecutivo, del Legislativo y de otros poderes fácticos no es solo una retórica. Es una obligación republicana y, sobre todo, una forma concreta de proteger la democracia antes de que sea demasiado tarde.