Romero: La Agenda 50/50 es un avance, pero la crisis financiera de las gobernaciones requiere atención urgente
El secretario de Economía de Tarija subraya que el reciente acuerdo no garantiza una nueva distribución de recursos y que su éxito dependerá de la implementación de reformas concretas.
Fernando Romero, secretario de Economía de la Gobernación de Tarija, realizó un análisis sobre el Acuerdo 001/2026, conocido como Agenda 50/50, alcanzado el 5 de agosto en Sucre. Este acuerdo marca un hito en la transformación de la administración autonómica en el país, pero no se traduce automáticamente en una nueva distribución de recursos.
Romero enfatiza que para considerar este acuerdo como un éxito, es fundamental que los compromisos se conviertan en leyes y reformas prácticas. Destaca que, aunque se abre una puerta hacia una mayor coparticipación tributaria, aún no se ha establecido una participación directa del 50/50, sino que se plantea una hoja de ruta para lograrlo en el futuro.
El Acuerdo 001/2026 propone una revisión integral del modelo autonómico, reconociendo que las gobernaciones aún enfrentan limitaciones significativas en cuanto a la generación de ingresos y la administración de su presupuesto. Según Romero, esto es crucial ya que las gobernaciones deben tener recursos acordes a las competencias que les han sido asignadas.
En cuanto a la situación financiera de Tarija, el secretario señala que el acuerdo podría ofrecer soluciones, pero no de forma inmediata. Se contempla la evaluación de mecanismos para reprogramar deudas y aliviar la carga fiscal, lo que podría beneficiar a la gobernación en medio de una crisis de ingresos y un alto endeudamiento.
Sin embargo, Romero advierte sobre la posibilidad de que el acuerdo no produzca resultados inmediatos, ya que las gobernaciones seguirán enfrentando problemas de liquidez durante el proceso de implementación de las reformas. Esto plantea una preocupación sobre la efectividad del acuerdo en el corto plazo.
Por último, subraya que el riesgo de que la Agenda 50/50 se convierta solo en una declaración política está presente, ya que aún faltan especificaciones sobre porcentajes y cronogramas. Romero concluye que el éxito del acuerdo depende de la capacidad política para traducir estos compromisos en normativas concretas que garanticen una verdadera autonomía y financiamiento para las gobernaciones.