Investigación en curso sobre la ‘gasolina basura’ señala a gobiernos de Arce y Paz
Un informe de la Cámara de Diputados sugiere posibles responsabilidades en la gestión de Luis Arce y también en la administración actual, evidenciando un entramado en torno a la calidad del combustible en Bolivia.
El diputado Carlos Alarcón, quien actúa como portavoz de la comisión especial en la Cámara de Diputados encargada de investigar el caso de la llamada "gasolina basura", ha declarado que el informe elaborado por dicha comisión señala posibles responsabilidades por parte de autoridades del gobierno de Luis Arce y funcionarios de la administración actual.
Este documento será presentado para su consideración ante el pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días, donde se decidirá el rumbo de la investigación relacionada con la calidad del combustible y los contratos que garantizan su suministro.
Alarcón mencionó que en el informe se identifican a varias figuras como potencialmente responsables, incluyendo al exmandatario Luis Arce Catacora, los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como a expresidentes de YPFB, entre ellos Wilson Dorgathen y otro exejecutivo de la empresa estatal.
El legislador subrayó que es evidente que las dos gestiones presidenciales comparten responsabilidades en este asunto. Además, enfatizó que cualquier intento de modificar o desacreditar las conclusiones del informe debe estar debidamente justificado, dirigiéndose especialmente a la presidenta de la comisión, Ximena Arispe, a quien cuestionó por la forma en que se ha manejado el informe.
Uno de los puntos críticos que Alarcón destacó es el contrato entre YPFB y la empresa Ditol, suscrito durante la administración de Dorgathen en el gobierno de Arce. Este contrato sufrió cuatro modificaciones en la anterior gestión y fue ampliado por la administración actual con una quinta enmienda, firmada el 17 de diciembre de 2025, coincidiendo con el levantamiento de la subvención a los combustibles.
El diputado se preguntó por qué se decidió ampliar dicho contrato en lugar de buscar alternativas de abastecimiento de combustible, considerando las nuevas condiciones del mercado en ese momento. Esta ampliación, según sus declaraciones, permitirá que dicho contrato permanezca vigente hasta el 30 de junio de 2026, periodo durante el cual continúan las denuncias sobre el combustible involucrado en el escándalo de la "gasolina basura".
La importancia de este caso radica en su impacto económico, ya que se refiere a la principal empresa estatal del sector de hidrocarburos, directamente relacionada con el abastecimiento de combustibles, un factor crucial en la economía nacional.
Alarcón ha enfatizado que las responsabilidades no deberían ser atribuidas exclusivamente a una sola administración, dado que el contrato fue originado bajo el gobierno de Arce y posteriormente modificado en la gestión actual.
Finalmente, el diputado criticó que el informe haya permanecido sin tratamiento por cerca de un mes tras ser enviado a la presidencia de la Cámara Baja, sugiriendo que se ha intentado minimizar su impacto mediático. Ahora, el documento será revisado por el pleno de Diputados, que evaluará si se deben establecer responsabilidades políticas o administrativas, así como otras acciones en el marco de la investigación.