Cuestionamientos a la figura del Alto Comisionado para la Justicia en Bolivia
La creación del Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, anunciada por el presidente Rodrigo Paz, provoca dudas entre juristas sobre su viabilidad y necesidad en el sistema boliviano.
La reciente propuesta del presidente Rodrigo Paz de establecer un Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, presentada durante su discurso con motivo de los 201 años de independencia de Bolivia, ha suscitado una serie de críticas entre abogados y expertos en derecho. Aunque reconocen la urgencia de una reforma judicial en el país, cuestionan la efectividad de crear una nueva figura institucional.
Entre las principales críticas, se señala la ausencia de una definición legal clara sobre el Alto Comisionado, lo que podría dar lugar a confusiones sobre sus funciones. Además, se advierte sobre la posibilidad de que esta nueva autoridad genere una duplicidad de responsabilidades con entidades ya establecidas, en vez de fortalecer las estructuras existentes.
Juristas destacados como Arturo Yáñez, ex presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia; Silvia Salame, exsenadora y ex presidenta del Tribunal Constitucional; Kathia Saucedo, abogada promotora de reformas constitucionales, y Jaime Hurtado, ex presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, han expresado diversas preocupaciones sobre la iniciativa del Gobierno.
Salame enfatizó que el ordenamiento jurídico nacional no contempla la figura del Alto Comisionado como tal, y para que se le asignen funciones importantes en la reestructuración del sistema judicial, esta figura debería ser respaldada por una ley específica. Por su parte, Hurtado planteó que la definición de Alto Comisionado proviene del sistema de Naciones Unidas, y que Bolivia no ha incorporado un rol así en su Constitución ni en otras normativas fundamentales, lo que genera incertidumbre sobre sus atribuciones.
Además, se observa un riesgo de superposición de funciones con la Defensoría del Pueblo, que ya posee la responsabilidad de proteger derechos humanos, así como con el Defensor del Litigante, cuyo establecimiento fue previsto en la Ley 025 del Órgano Judicial pero permanece inactivo.
Como alternativa, Salame sugirió la recuperación del Ministerio de Justicia, al que considera fundamental para articular el trabajo del Órgano Ejecutivo con el sistema judicial. Saucedo, en línea con esta idea, cuestionó el destino del actual Viceministerio de Justicia, que depende del Ministerio de la Presidencia, si se crea un Alto Comisionado con competencias en temas judiciales. Saucedo concluyó que establecer funciones duales no sería lo más prudente.