Críticas a la Ley de Inversiones por su posible impacto en la regulación estatal
El economista Martín Moreira cuestiona el proyecto de Ley de Inversiones, alertando sobre sus efectos en la regulación estatal y la garantía de beneficios para el país.
Martín Moreira, economista y parte de la Red Boliviana de Economía Política, ha expresado su preocupación respecto al proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. En su opinión, esta propuesta podría tener repercusiones significativas en la capacidad regulatoria del Estado.
Moreira enfatiza la importancia de atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras para revitalizar la economía del país, generar empleo, introducir tecnología y afrontar la escasez de divisas. Sin embargo, subraya que estas inversiones deben venir acompañadas de compromisos claros que aseguren que una porción significativa de los beneficios económicos permanezca en Bolivia.
El proyecto, que cuenta con un total de 103 artículos, podría establecer garantías para los inversionistas antes de definir nuevas normativas para sectores clave como la minería, los hidrocarburos, el litio, los recursos evaporíticos y la energía. Moreira advierte que este enfoque podría limitar las capacidades de negociación del Estado en áreas que son consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
Además, el economista ha manifestado su preocupación por la estabilidad jurídica a largo plazo y los sistemas de arbitraje internacional incluidos en la ley. Considera que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deberían impedir que el Estado tenga la facultad de adaptar sus políticas fiscales, ambientales y de regulación ante nuevas realidades y necesidades.
Sobre los incentivos fiscales, Moreira plantea la necesidad de un análisis sobre el impacto fiscal que podría tener la ley, cuestionando cuánto podría dejar de percibir el Estado y qué beneficios tangibles se obtendrían en términos de empleo, transferencia de tecnología, aumento de exportaciones y desarrollo productivo.
Finalmente, el economista argumenta que la Ley de Inversiones debería enfocarse en proyectos que realmente generen empleo formal, promuevan el uso de proveedores nacionales y añadan valor a la producción, al mismo tiempo que se garantice la protección de los recursos naturales y se evite una transferencia rápida de activos públicos a manos privadas.