Soboce reclama indemnización por acciones expropiadas en Fancesa
La Sociedad Boliviana de Cemento sostiene que aún espera el pago correspondiente a la expropiación de una parte de sus acciones en la fábrica nacional de cemento Fancesa, tras más de una década desde su implementación.

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) reafirmó, el pasado lunes, su derecho a recibir una indemnización por la expropiación del 33,34% de sus acciones en Fancesa, una medida que fue efectuada por el Estado boliviano en el año 2010.
La compañía criticó que, tras 16 años, el pago de esta indemnización aún no se haya concretado, y considera que la disputa sobre si es responsabilidad del Gobierno central o de la Gobernación de Chuquisaca ha añadido un nuevo obstáculo para su cumplimiento.
Detalles de la expropiación
A través de un comunicado, Soboce recordó que el 1 de septiembre de 2010, en virtud del Decreto Supremo N° 0616, el Estado ordenó la expropiación de su participación en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) y transfirió las acciones a la Gobernación de Chuquisaca.
El decreto establecía claramente la obligación de indemnizar a Soboce y fijaba un plazo de 180 días para realizar la valuación y el posterior pago, que a la fecha aún se encuentra pendiente.
Derechos constitucionales y su impacto
Soboce subrayó que el artículo 56 de la Constitución Política del Estado protege el derecho a la propiedad privada, mientras que el artículo 57 estipula que toda expropiación debe ir acompañada de una indemnización justa. El incumplimiento de esta norma, según la empresa, afecta la seguridad jurídica del país.
Además, la empresa advirtió que la falta de resolución sobre este tema podría enviar señales negativas a posibles inversionistas y sostuvo que la seguridad jurídica debe ser respaldada por el cumplimiento de las obligaciones que el Estado ha asumido.
Finalmente, Soboce informó que está utilizando todas las vías legales, tanto a nivel nacional como internacional, para exigir el pago de la indemnización, reiterando que su objetivo es garantizar el respeto a la propiedad privada y a la seguridad jurídica en Bolivia.