Rechazo generalizado al decreto del diésel y defensa oficial del gobierno
El reciente Decreto Supremo 5676, que establece un precio de 18 bolivianos por litro de diésel para grandes consumidores, ha generado la oposición de diversos sectores en Bolivia, mientras el gobierno justifica la medida como necesaria para combatir el contrabando.
El 16 de agosto de 2026 se aprobó el Decreto Supremo 5676 que regula el precio del diésel para grandes consumidores. Esta medida, que fija el costo en 18 bolivianos por litro, ha enfrentado un fuerte rechazo por parte de varias organizaciones, incluidos productores de Santa Cruz, cooperativistas mineros y transportistas.
Yamil Nacif, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), expresó un firme desacuerdo, argumentando que el nuevo precio solo fomentará el mercado negro y no aborda la escasez de combustible que enfrentan los productores.
Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la norma, indicando que busca sincerar los costos del diésel para evitar el desangramiento de los recursos del Tesoro General del Estado, afectado por el contrabando y los precios internacionales alterados por conflictos globales.
Nacif subrayó que el gobierno debería permitir la liberación total de los precios y que YPFB se retire de la comercialización de combustibles, demandando una mayor transparencia en este proceso.
El Comité de Defensa del Productor (Codepro) también expresó su inquietud, indicando que la diferencia de precio frente al regulado de 9,80 bolivianos podría incentivar el mercado informal de combustibles sin ofrecer soluciones duraderas.
Lucio Gómez, representante de la Confederación de Choferes de Bolivia, manifestó su rechazo, advirtiendo que el incremento de precios en el diésel afectará las tarifas de transporte, especialmente en recorridos largos como el de La Paz a Cochabamba.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) en Chuquisaca también mostró su preocupación, sugiriendo que la medida podría impactar negativamente en la cadena productiva, afectando desde proveedores hasta consumidores.
Mientras tanto, el gobierno sostiene que la implementación de este decreto es un paso hacia el control del contrabando, que antes generaba ganancias ilícitas estimadas entre 3 y 4 millones de dólares diarios a nivel global.