Amabol defiende a magistrados de la Corte Penal Internacional

La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) se ha alineado con el pronunciamiento del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados en apoyo a los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), quienes enfrentan presiones y sanciones debido a sus decisiones judiciales. Este respaldo se enmarca en la preocupación por el impacto negativo que tales acciones pueden tener en la independencia de la justicia a nivel global.

El 19 de agosto, el mencionado grupo, con sede en San José de Costa Rica, hizo un llamado a la comunidad internacional alertando sobre las sanciones dirigidas a jueces de la CPI. En su declaración, la presidenta del grupo, Adriana Orocú, enfatizó que estas acciones atentan contra la autonomía judicial y pueden sembrar un precedente peligroso.

La declaración de la Unión Internacional de Magistrados sostiene que si un juez comienza a dudar de sus decisiones por miedo a represalias de un gobierno, la independencia judicial se convierte en una mera formalidad, y no en una verdadera garantía. Esto pone en riesgo la integridad del sistema judicial internacional.

Cristian Arancibia, presidente de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca (Amach) y integrante de la Amabol, ha denunciado que las presiones externas, especialmente de potencias como Estados Unidos, afectan la independencia de los magistrados en Bolivia. Arancibia resaltó que no debe haber ninguna autoridad que pueda sancionar a un juez por sus decisiones, ya que esto compromete la imparcialidad del sistema judicial.

Arancibia también hizo hincapié en un hecho alarmante: varios jueces en Bolivia han sido arrestados durante audiencias, contraviniendo lo que establece el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el prevaricato en flagrancia, el cual no se aplica si la resolución no ha sido revisada por instancias superiores.

El 18 de agosto, el gobierno de Estados Unidos comunicó sanciones contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y el magistrado Abdoulaye Seye, como parte de una estrategia más amplia para socavar la autoridad de este tribunal internacional, según informes que describen los movimientos del gobierno de Donald Trump para desmantelar la CPI.