La Defensoría del Pueblo denuncia violaciones a derechos en cárceles bolivianas

Este domingo, la Defensoría del Pueblo de Bolivia hizo un llamado a la atención sobre las "graves vulneraciones" que se presentan en los centros penitenciarios del país, donde se enfrenta un problema serio de hacinamiento, escasez de personal y un colapso en los servicios sanitarios.

La entidad publicó un boletín de prensa donde presenta el Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que muestra las preocupantes condiciones en las carceletas y centros penitenciarios bolivianos. El documento destaca el hacinamiento extremo que ha llevado a las personas privadas de libertad a dormir en pasillos y espacios no habilitados para tal fin.

Entre los problemas identificados, se encuentra el retraso constante en el pago de los 'prediarios', que corresponde a una pensión alimenticia de 8 bolivianos diarios (aproximadamente 69 centavos de dólar). Además, se reporta un colapso en pozos sépticos y sistemas de alcantarillado, junto con la escasez de agua y la acumulación de desechos.

El informe subraya que, a finales de 2025, la población carcelaria alcanzó las 33.058 personas, lo que representa un aumento cercano al 100% en comparación con los 17.305 reclusos de 2020. Alarmantemente, más del 50% de estos internos no cuenta con una condena firme, lo que implica que el sistema carcelario está funcionando como un depósito humano, infringiendo así la presunción de inocencia.

Además, la Defensoría del Pueblo resalta que los delitos vinculados a sustancias controladas son una de las principales causas del encarcelamiento de mujeres en Bolivia, dado que el 60% de la población femenina en prisión enfrenta cargos por tráfico, suministro y transporte de drogas. Muchas de estas mujeres se encuentran en los niveles más bajos de las estructuras del narcotráfico, como transportistas o 'mulas', y pueden enfrentar penas que oscilan entre 10 y 25 años de prisión.