Impacto del aumento del diésel en el sector de la construcción en Bolivia
El reciente decreto gubernamental que incrementa el precio del diésel para grandes consumidores ha generado fuerte rechazo en el sector constructor, que anticipa consecuencias negativas para la economía y el mercado.
El sector de la construcción en Bolivia ha expresado su preocupación tras el anuncio del gobierno que incrementa el precio del diésel para grandes consumidores. Dirigentes como Sergio Aramayo, presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Chuquisaca (Cadeco), han subrayado que esta decisión tendrá un impacto adverso en las empresas, promoviendo un ciclo inflacionario en el mercado.
Los representantes del sector lamentaron que la decisión se haya tomado sin diálogo previo, lo que podría haber suavizado el efecto de la medida. A pesar de que el decreto está dirigido teóricamente a grandes consumidores, el aumento de precios se ha trasladado también a las pequeñas y medianas empresas, que se ven forzadas a pagar más por combustible.
La normativa establece que cualquier compra de diésel que sobrepase los 200 litros será facturada a un nuevo precio de Bs 18, lo que representa un aumento significativo para las firmas que requieren entre 5.000 y 7.000 litros mensuales para sus operaciones básicas.
Los efectos de este aumento no solo afectan a las constructoras, sino que también impactan a proveedores de materiales, quienes dependen de volúmenes de diesel entre 5.000 y 20.000 litros. La crisis se ve agravada por el desabastecimiento de combustible, que ha obligado a las empresas a esperar por horas e incluso días para abastecer sus maquinarias.
Esta situación económica ha llevado a que las empresas tengan que cubrir los salarios de sus conductores mientras están en espera, lo que representa pérdidas significativas. Además, se ha alertado sobre la posibilidad de que surja un mercado informal de diésel, donde individuos compren combustible a precios subvencionados para revenderlo a las constructoras a tarifas más altas.
El problema se complejiza debido a los contratos públicos, que son rígidos y no permiten una adaptación rápida a las fluctuaciones de precios. Aunque existe el Decreto Supremo 5597 que permite ajustes de precios, este solo puede aplicarse a contratos firmados antes de finales de abril de este año, dejando a los nuevos proyectos con tarifas desactualizadas.
La acumulación de estos problemas ha resultado en una parálisis de más del 98% de las obras en curso y ha llevado al cierre de numerosas empresas del sector. Actualmente, solo unas 40 de las más de 150 empresas afiliadas a Cadeco Chuquisaca están operativas, lo que ha llevado a los constructores a hacer un llamado urgente a las autoridades para buscar soluciones y evitar el colapso del sector.