La FAM solicita la derogación del decreto sobre el diésel

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) ha solicitado la derogación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio de 18 bolivianos por litro para el diésel dirigido a grandes consumidores. Esta medida ha generado críticas en diversos sectores debido a sus posibles repercusiones económicas.

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la normativa, explicando que forma parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del ajuste y la liberalización del precio de los hidrocarburos. Aramayo indicó que el decreto es esencial dentro del contexto económico actual del país.

Durante la reunión entre la FAM y el Gobierno, el presidente de la Federación, Johnny Torres, pidió de manera unánime la derogación del decreto, señalando que esta medida impacta de forma directa en los costos operativos de los gobiernos municipales y en la economía de las poblaciones locales. Torres expresó: “Por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los Gracos”.

El pedido de la FAM coincide con el descontento de sectores productivos que advierten que el decreto podría aumentar los costos de producción y, por ende, los precios al consumidor. Productores de Santa Cruz y otras regiones han dado un ultimátum al Gobierno hasta este domingo, advirtiendo que podría convocarse una Asamblea de la Cruceñidad si no se recibe una respuesta favorable.

Aramayo también abordó la situación fiscal del país, mencionando que existe una "asfixia fiscal" que obliga a reconsiderar cómo se gestionan los recursos públicos y la aplicación del modelo de autonomías. En este sentido, enfatizó la necesidad de enfocar el debate en la generación de riqueza, afirmando que "no nos vamos a poner a distribuir pobreza".