Vulnerabilidad de Bolivia ante el crimen organizado, confirmada por estudios

Recientes estudios realizados por la Fundación Milenio revelan que en las últimas dos décadas, Bolivia ha visto un auge significativo en diversas economías ilícitas. Estas incluyen el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Este crecimiento ha sido facilitado por un Estado dominado por facciones políticas, sindicatos y poderosos intereses corporativos.

Henry Oporto y Ricardo Calla, investigadores de la Fundación Milenio, elaboraron el informe titulado "Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social". Este documento, junto con el análisis regional del Centro de Estudios de la Democracia (CSD), resalta la creciente vulnerabilidad de Bolivia ante la intersección del poder autoritario y el crimen organizado, que trasciende fronteras nacionales.

Desde 2006 hasta 2025, los autores del informe identifican un fortalecimiento de la economía relacionada con el narcotráfico y otras actividades ilegales. Este fenómeno se ha visto respaldado por un sistema estatal que ha permitido la proliferación de clanes narcotraficantes, la existencia de "narcogenerales" en la Policía y un sistema judicial que opera bajo la influencia del poder político y la corrupción.

El estudio "Grietas en el sistema" complementa estas afirmaciones al señalar que las instituciones que deberían regular y combatir estas actividades funcionan solo en el papel, mostrando una falta de efectividad real. Factores como la presión política y la escasez de recursos han contribuido a esta precariedad institucional.

Reingreso a la lista gris del GAFI

El informe también destaca que en junio de 2025, Bolivia volvió a ser incluida en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a sus deficiencias en la lucha contra el lavado de activos, lo que subraya aún más la gravedad de la situación en el país.