La ambigüedad de la traición a la patria en el discurso político boliviano
En la política nacional, la acusación de traición a la patria se ha convertido en un recurso común para descalificar al adversario, aunque su aplicación carece de precisión legal.
La acusación de “traición a la patria” se ha vuelto una de las herramientas más frecuentes utilizadas por políticos y, sorprendentemente, por algunos abogados en Bolivia. Este término se emplea a menudo para desvirtuar las acciones de un oponente, incluso cuando las razones detrás de dicha acusación son cuestionables y distan de los estándares legales establecidos por la normativa vigente.
Uno de los aspectos más lamentables de la Constitución, conocida como la de La Calancha, ha sido su transformación al despojarse de su carácter de ley suprema y asumir características de un simple código penal. En su artículo 124, se define la traición a la patria de manera tan amplia que pierde precisión, mencionando conductas que no se ajustan a la rigurosidad necesaria que exige el derecho penal.
De acuerdo al Código Penal, que es el instrumento apropiado para clasificar las conductas delictivas, la traición a la patria se especifica claramente en el artículo 109. Este artículo establece que el boliviano que tome armas contra el país o colabore con enemigos en un contexto de guerra será castigado con una pena de treinta años de prisión sin derecho a indulto.
La incertidumbre surge al preguntarse por qué el Constituyente asumió el papel de legislador penal. Esta situación podría reflejar tanto una tendencia autoritaria como una falta de comprensión jurídica, impulsada quizás por presiones externas. En la práctica, este tipo de acusaciones puede causar dificultades a los jueces y fiscales que intenten aplicar la vaga definición constitucional.
Esto nos lleva a un interesante debate sobre cuál norma es más benigna entre la constitución y el código penal, lo que podría resultar en un análisis jurídico fascinante. Sin embargo, la improvisación y demagogia en la redacción de la Constitución es evidente, arriesgando su esencia jurídica al confundir su propósito fundamental.
Los tipos penales se configuran para la protección de bienes jurídicos y no de ideologías políticas, religiosas, éticas o culturales.