Iniciativa Legislativa para la Libre Importación de Combustibles
Un grupo de senadores ha presentado un proyecto de ley que busca permitir la libre importación de combustibles, promoviendo un mercado más competitivo y eficiente en Bolivia.
Recientemente, los senadores Branko Marinkovich, Ernesto Suarez y Kathia Quiroga han enviado a la Cámara de Senadores el Proyecto de Ley de Libertad de Importación, Almacenaje, Transporte y Comercialización de Combustibles Líquidos. Esta propuesta busca trasladar la gestión de importación de combustibles al sector privado y ha sido bien recibida por su enfoque proactivo y orientado a la solución de problemas actuales.
El propósito principal de este proyecto es establecer un régimen de libre importación que abarque todo el proceso de comercialización de combustibles. Esto permitirá que tanto personas naturales como jurídicas, ya sean bolivianas o extranjeras, importen combustibles sin la restricción de controles de precios o trámites administrativos complicados. Se espera que esta medida impulse un mercado donde la competencia entre diversas empresas reduzca precios y mejore la calidad del producto.
Transformación del Monopolio Estatal
Este proyecto representa un cambio significativo respecto al actual monopolio estatal que enfrenta problemas de escasez de divisas y corrupción, resultando en largas filas para conseguir combustibles. La propuesta propone eliminar las complicaciones burocráticas impuestas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que también se disolvería, pasando a ser sustituida por una entidad técnica enfocada en la calidad y seguridad de los combustibles.
Según el contenido de la ley, las empresas que deseen importar combustibles no necesitarían permisos previos ni licencias especiales, solo registrarse como operadores. Esto les permitirá comercializar directamente a los consumidores a precios que determinen, sin la obligación de trabajar con YPFB, la empresa estatal.
En términos fiscales, el proyecto propone un IVA reducido del 3% para las importaciones de combustibles, eliminando otros impuestos que encarecen el producto. Este enfoque busca reactivar la economía boliviana al facilitar el acceso a combustibles más baratos, crucial para incentivar la producción en el país.
A pesar de sus beneficios, el proyecto no es perfecto. Se ha señalado la posibilidad de que coexistan un mercado libre y otro regulado por YPFB, lo que podría generar competencia desleal. Además, la creación de una entidad estatal para verificar la calidad de los combustibles podría abrir la puerta a la corrupción, sugiriéndose en cambio un sistema privado de certificación.
Finalmente, el proyecto enfrenta desafíos constitucionales, dada la ambigüedad de la Constitución en relación a las funciones de YPFB. La aprobación de este proyecto podría estar en riesgo si se presenta una demanda de inconstitucionalidad, lo que resaltaría la necesidad de una reforma constitucional para facilitar la liberalización del mercado de combustibles.