Intervención estatal en YPFB por deficiencias operativas
El Gobierno ha decidido implementar una intervención de hasta 180 días en YPFB para abordar problemas en la cadena de distribución y importación de combustibles. Esta medida busca mejorar la eficiencia de la empresa estatal.
La intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se ha establecido mediante el Decreto Supremo 5697, el cual fue aprobado el 1 de septiembre. Esta medida tiene como finalidad corregir las deficiencias observadas en la gestión de la empresa, así como fortalecer la logística que rodea la importación y distribución de carburantes.
La intervención se llevará a cabo a través de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, la que se encargará de supervisar la gestión de YPFB durante un periodo inicial de 180 días. Existe la posibilidad de que este plazo se extienda una única vez por hasta 90 días más, si persisten las causas que motivaron la intervención.
Motivaciones de la intervención
El fundamento para esta intervención radica en las deficiencias detectadas en los procesos de importación y distribución de combustibles, los cuales han generado riesgos tanto para la seguridad energética del país como para el interés público. La intervención no llevará a la eliminación de YPFB ni a cambios en su estructura jurídica.
La Comisión estará compuesta por representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia. Su enfoque principal será mejorar las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
Entre las atribuciones de la Comisión se incluye la recomendación de auditorías técnicas y la revisión de todos los procesos vinculados a la importación, adquisición, almacenamiento y distribución de combustibles. También podrán solicitar el apoyo de expertos y organismos de control.
La entrega de información por parte del personal de YPFB es obligatoria, y el incumplimiento de esta obligación podría acarrear responsabilidades administrativas o penales. Además, se deberá elaborar un informe que detalle cualquier irregularidad encontrada durante la intervención.
Finalmente, la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, y cualquier gasto que se genere será cubierto con los presupuestos de las entidades que conforman la Comisión.