Iniciativa legislativa propone cambios a la Constitución sobre nacionalizaciones y arbitraje internacional
Un proyecto presentado por los diputados Carlos Alarcón y Diego Ávila sugiere modificaciones significativas a la Constitución Política del Estado, enfocándose en el régimen de inversiones y la resolución de disputas internacionales.
Los legisladores Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, y Diego Ávila, presidente del Senado por el PDC, han puesto en marcha un proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado. Este documento propone alteraciones importantes en el manejo de inversiones, la propiedad estatal y los métodos para resolver conflictos internacionales.
Una de las propuestas más destacadas es la adición de un nuevo artículo 412 a la Constitución, que contendría dos párrafos. El primero de ellos establecía la prohibición de cualquier forma de expropiación, nacionalización o estatización de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, lo que representa un cambio radical en el enfoque económico actual.
El segundo párrafo del artículo propuesto abre la puerta a la resolución de controversias entre el Estado y los inversionistas a través de mecanismos amistosos, la jurisdicción estatal de Bolivia o incluso arbitrajes tanto nacionales como internacionales, lo que introduce alternativas a los métodos de resolución de conflictos tradicionales.
Adicionalmente, la iniciativa contempla la desconstitucionalización de 30 artículos que se relacionan con aspectos críticos como la elección de autoridades judiciales mediante voto popular, el régimen de inversiones y la gestión de recursos naturales. Estos artículos pasarían a ser regulados por ley ordinaria en un plazo de un año.
- Artículos a desconstitucionalizar: 182, 183, 185, 187, 188, 194, 198, 199, 200, 201, 203, 227, 228, 310, 319, 320, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 367, 370, 373, 378
- Derogación de tres disposiciones: 1) Tipificación como traición a la patria la vulneración del régimen de recursos naturales; 2) Obligatoriedad de las inversiones extranjeras a seguir la normativa boliviana; 3) Prohibición del arbitraje internacional en conflictos con el Estado.
Por último, se propone un proceso de reforma que consta de tres etapas: primero, un tratamiento separado en las Cámaras de Diputados y Senadores; segundo, la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional con un respaldo de dos tercios de votos; y tercero, la validación de la modificación a través de un referendo nacional.