Críticas al decreto de intervención de YPFB
El analista Jaime Balanza cuestiona el reciente decreto del gobierno que establece la intervención de YPFB, considerándolo inadecuado y carente de fundamentos técnicos claros.
El miércoles pasado, el gobierno de Bolivia promulgó el Decreto Supremo 5697, que establece la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo inicial de 180 días, con la posibilidad de prorrogarse una vez por 90 días adicionales.
Esta intervención no implica el cierre de YPFB ni altera su naturaleza legal. Se creará una comisión de cinco miembros procedentes de varios ministerios, incluyendo Hidrocarburos, Economía, Obras Públicas, Medio Ambiente, y el Viceministerio de Transparencia.
En el programa "Antes de Media Noche" de Televisión Andalucía, el analista en hidrocarburos, Jaime Balanza, manifestó que el decreto de intervención no se ajusta a lo que estipula la normativa vigente en el país, calificándolo como "cualquier cosa menos una intervención".
Balanza explicó que YPFB, como entidad estatal del sector hidrocarburífero, está regulada por la Constitución y diversas leyes, y que las intervenciones técnicas en servicios públicos deben ser realizadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos a través de resoluciones administrativas, no mediante un decreto.
"Las intervenciones no son actos políticos, sino técnicos. Se debe identificar la falla y crear un plan de intervención, no es un proceso que se deba realizar sin un diagnóstico previo".
Además, el asambleísta departamental de Tarija, Mario Cavero, expresó la necesidad de esta intervención, argumentando que el problema del combustible ha sido un tema recurrente que afecta a la economía del país. Resaltó que, aunque la intervención es necesaria, se requiere que se ejecute de manera efectiva y transparente.
Por su parte, Jesús Gira, presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, subrayó la importancia de que esta intervención no se limite a una simple medida, sino que implique una limpieza profunda dentro de la institución, que ha sido objeto de acusaciones de corrupción y malas prácticas.
Gira también sostuvo que la prioridad debe ser garantizar el abastecimiento de combustibles y reducir costos, especialmente en el diésel, para beneficiar a toda la población boliviana.