Estado de Excepción: Limitaciones ante la Realidad Nacional
El actual Estado de excepción en Bolivia enfrenta desafíos significativos debido a la falta de cumplimiento de las normas y a las debilidades en la capacidad del Estado para hacerlas cumplir.
En Bolivia, la cultura del respeto a las normas es escasa, lo que se agrava con la ineficacia del aparato estatal para hacer cumplir las leyes. Esto se traduce en que "las leyes no se cumplen ni de a buenas ni de a malas", según el análisis del sociólogo Franklin Pareja.
El debate sobre la posible extensión del Estado de excepción se produce en un contexto de crisis institucional y cambios en la dirección de la Policía. Sin embargo, la aplicación de esta medida se ve obstaculizada por la realidad actual del país, donde ya se han ignorado las normas vigentes.
Pareja, en una entrevista, destacó que para que un Estado funcione adecuadamente es esencial contar con una población que respete las leyes y un sistema institucional que tenga la fuerza suficiente para hacerlas cumplir. En Bolivia, ambas condiciones son deficientes.
La reciente crisis de 53 días generada por grupos radicales evidenció la fragilidad institucional. Según el analista, estas movilizaciones se desvanecieron porque no reflejaban la opinión de la mayoría de la población boliviana.
A pesar de la tardía respuesta del gobierno, que resultó en pérdidas significativas, el intento de derrocar al presidente no resonó con el sentir del pueblo, que no considera tal acción como parte de su idiosincrasia.
La situación de conflictividad social está cambiando de bases políticas a movilizaciones derivadas de la crisis económica. La pérdida del poder adquisitivo ha llevado a un empobrecimiento acelerado de la población.
Ante este escenario de crisis, la eliminación total de subvenciones a los hidrocarburos podría resultar en un incremento abrupto de precios, lo que agravaría aún más la situación económica, generando nuevos conflictos.
En este contexto, Pareja considera que intentar restablecer el orden a través del Estado de excepción es poco viable, ya que la crisis actual trasciende el ámbito de la seguridad pública y se centra en la supervivencia económica del pueblo.