Reconocimiento de Oviedo sobre la violencia en Bolivia: una ola de sicariatos
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha admitido el aumento significativo de los sicariatos en el país, tras meses de promesas de combate a la violencia y el crimen organizado.
Marco Antonio Oviedo, titular del Ministerio de Gobierno, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica debido a la creciente crisis de seguridad en Bolivia. Tras una serie de homicidios y actos de sicariato en Santa Cruz, el funcionario había presentado en mayo el Plan Halcón, prometiendo una "lucha sin cuartel" contra el crimen organizado. Sin embargo, cuatro meses después, ha tenido que reconocer que el problema de la violencia persiste en el país.
El 6 de mayo, Oviedo dio a conocer el Plan Halcón como una estrategia que involucraba a la Policía, las Fuerzas Armadas y otras entidades, con el objetivo de combatir el crimen organizado. En esa ocasión, enfatizó que Santa Cruz era el principal escenario de los crímenes más violentos y reiteró el compromiso del Gobierno para erradicar estos actos.
A pesar de las promesas iniciales, la violencia no cesó. Un informe de mayo señalaba más de diez casos de sicariato tras la detención y extradición de Sebastián Marset, con homicidios reportados en Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Uno de los casos más impactantes fue el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, lo que puso de manifiesto la creciente influencia de las agrupaciones criminales.
La gravedad de la situación llevó a Oviedo a aceptar, el 2 de septiembre, que "hay una ola de sicariatos, no lo vamos a ocultar". En esa misma oportunidad, anunció la creación de unidades de alto nivel en la frontera con Brasil y una intensificación en la cooperación policial con naciones vecinas.
Hasta el 3 de septiembre, se habían registrado 46 muertes en 37 incidentes que presentaban características de ejecuciones o sicariatos, aunque las autoridades advierten que no todos los casos están relacionados con el narcotráfico. La versión oficial sugiere que múltiples incidentes se deben a rivalidades entre organizaciones criminales por el control de rutas hacia Brasil.
La responsabilidad política de Oviedo ha sido cuestionada, ya que sus declaraciones sobre el sicariato contrastan con la realidad de los crímenes continuos. Aunque en un inicio presentó un plan agresivo contra el sicariato, ahora se enfrenta a la crítica por la falta de resultados efectivos.
Oviedo también ha señalado que gran parte del problema se debe a situaciones heredadas de administraciones pasadas, argumentando que el narcotráfico en Bolivia ha avanzado durante 20 años y ha dejado al país "perforado" por estas redes delictivas.
La interrogante fundamental que persiste es: si el Gobierno era consciente desde mayo sobre el aumento del sicariato en Santa Cruz y lanzó un plan para combatirlo, ¿por qué cuatro meses después el ministro debe admitir que la ola de violencia continúa?