El Gobierno señala derroche de Bs 470 millones en sistemas digitales de YPFB
La administración gubernamental cuestiona severamente el uso de más de 470 millones de bolivianos en tecnología que no ha logrado resolver problemas en la gestión del combustible.
El Gobierno de Bolivia ha denunciado que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invirtió más de 470 millones de bolivianos en los últimos cinco años en lo que se denomina "búnkers digitales", sin que esto haya resultado en un sistema eficaz para asegurar la trazabilidad del combustible ni en la prevención de irregularidades en su distribución.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, expuso esta problemática durante una intervención del Gobierno en YPFB. Aseguró que las fallas en la distribución de combustible son prueba de que los sistemas implementados no contaban con alertas adecuadas para identificar inconsistencias en la gestión.
García subrayó que es preocupante que la inversión realizada no haya derivado en un sistema informático que garantice un seguimiento efectivo del combustible, afirmando que "los bolivianos hemos gastado más de 470 millones de bolivianos" en esta iniciativa fallida.
Las irregularidades detectadas incluyen la venta de combustible de forma irregular y anticipada, la facturación de litros que aún no ingresaban al país y la asignación discrecional de despachos a ciertos proveedores. Además, se han identificado alteraciones en los registros de control y la existencia de usuarios externos que influían en estas asignaciones.
Acciones a seguir ante las irregularidades detectadas
García también comunicó que se tomarán medidas legales tanto a nivel operativo como en la alta dirección para esclarecer la responsabilidad sobre el uso inadecuado de los recursos destinados a la infraestructura tecnológica, sin que se hayan producido soluciones efectivas contra el contrabando y la desviación de combustible.
El Gobierno ha identificado a más de 300 usuarios que estaban interactuando con los sistemas vulnerables y ha decidido cortar sus accesos. Sin embargo, este paso es solo una medida correctiva inicial, y se está investigando quiénes permitieron que estas interacciones continuaran.
Para abordar esta situación, se ha solicitado el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) con el fin de llevar a cabo una intervención técnica que permita determinar la responsabilidad de aquellos que mantuvieron activos los accesos y cómo se produjeron estas irregularidades.