El Gobierno busca extender el estado de excepción por 90 días más
La administración actual avanza hacia una nueva prórroga del estado de excepción, lo que podría retrasar la reforma constitucional en Bolivia, ya que este régimen impide el tratamiento de cualquier modificación a la Carta Magna.
El Ejecutivo boliviano está considerando una ampliación del estado de excepción por un periodo adicional de 90 días, vigente desde el 20 de junio, lo cual podría retrasar nuevamente el debate sobre la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE). La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya aprobó un proyecto de resolución que deberá ser discutido en el pleno y, posteriormente, en la Asamblea Legislativa.
Este tema es crucial, ya que el artículo 140 de la CPE señala que no se puede iniciar una reforma constitucional mientras esté en vigor un estado de excepción. De ser aprobada la prórroga, cualquier intento de modificar la Constitución permanecería estancado durante la vigencia del régimen excepcional.
La declaración del estado de excepción se produjo tras 53 días de bloqueos y disturbios sociales. El Gobierno justifica la necesidad de esta medida al señalar que subsisten riesgos de nuevas movilizaciones que podrían poner en jaque la estabilidad alcanzada después de los conflictos recientes. Alejandro Medinaceli, diputado del partido oficialista, comentó que la extensión tiene como objetivo salvaguardar la paz social.
Sin embargo, esta decisión ha suscitado reacciones críticas en el ámbito político. Jorge Quiroga, líder del partido Libre, manifestó que la prórroga implicaría un retraso adicional de tres meses en la discusión de una reforma constitucional que él considera esencial. "Prorrogar y ampliar por tres meses un estado de excepción (…) significa ya no solamente 10 meses, sino tres meses más de no tratar lo imprescindible", declaró.
La Defensoría del Pueblo también ha expresado su preocupación, argumentando que el estado de excepción no es más que una solución temporal y que no aborda las causas profundas de la conflictividad social, como los problemas relacionados con el costo de vida y el desabastecimiento de combustibles.
De este modo, mientras el Gobierno busca mantener el control frente a posibles protestas, la discusión sobre la reforma constitucional sigue atada en un contexto de tensiones políticas.