Relación entre el Gobierno y la Asamblea se tensa ante la solicitud de prórroga del Estado de excepción
El Ejecutivo busca extender el Estado de excepción por 90 días más, pero su éxito dependerá de la respuesta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un contexto de desavenencias políticas.
El Gobierno ha solicitado una extensión del Estado de excepción, el cual está vigente hasta el 20 de septiembre, para que se mantenga por un segundo periodo de 90 días. Sin embargo, esta solicitud requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con la que el Ejecutivo mantiene una relación marcada por la falta de consensos y diálogos fluidos.
Jaime Hurtado, abogado constitucionalista y exasambleísta, indicó que la Constitución permite una única prórroga del Estado de excepción después de su implementación inicial, que no puede exceder los 90 días. Para proceder, el Gobierno deberá enviar un informe detallado sobre las acciones realizadas durante el primer periodo al legislativo.
Si la Asamblea no aprueba la prórroga, la decisión del Ejecutivo quedaría en un limbo legal. Hurtado enfatizó que esto representa un mecanismo de control democrático que permite el balance de poder entre las instituciones.
La actual situación se desarrolla en un clima de inestabilidad en las relaciones interpartidarias. Aunque se han dado intercambios positivos entre algunos líderes, como el de Rodrigo Paz con los grupos políticos Libre, Unidad y Súmate, no se han establecido alianzas sólidas que puedan garantizar el apoyo necesario.
Es crucial que la prórroga sea aprobada antes del 20 de septiembre para evitar un vacío legal, lo que podría ser aprovechado por sectores sociales que ya han manifestado su intención de movilizarse.
Hurtado también recordó que la implementación del Estado de excepción ha enfrentado resistencia, como se evidenció en las protestas de Santa Cruz. Así, la decisión sobre la extensión del Estado de excepción dependerá del debate en las bancadas parlamentarias.