Nueva ley promueve la continuidad de proyectos UPRE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, firmó una ley que altera la Ley N.º 492 relacionada con Acuerdos y Convenios Intergubernativos. Esta modificación tiene como finalidad asegurar la continuidad de obras prioritarias y optimizar la gestión de acuerdos entre el Gobierno central y las entidades autónomas del país.

Paz subrayó que esta nueva ley permitirá explorar diversas fuentes de financiamiento para llevar a cabo proyectos que, aunque fueron aprobados en gestiones anteriores, carecían de los recursos necesarios para su ejecución. "Ahora, con esta ley, puedo buscar financiamiento en el exterior o en otras instituciones para los proyectos de UPRE que fueron aprobados sin contar con presupuesto", enfatizó el mandatario.

Convenios con ministerios y responsabilidades claras

Se informa que la norma actualiza la legislación de acuerdo con la nueva estructura del Órgano Ejecutivo. Permite que el Ministerio de la Presidencia o el Ministerio de Obras Públicas, junto a las instituciones bajo su supervisión, puedan formalizar acuerdos con entidades públicas y organizaciones sociales.

La modificación también establece con mayor claridad las responsabilidades de las diferentes partes involucradas en los proyectos, definiendo quién es responsable de la financiación, la ejecución y la recepción final de las obras.

Asimismo, se amplían las capacidades de las entidades territoriales autónomas para formalizar acuerdos con el Gobierno central, los cuales estarán enfocados en la supervisión, fiscalización y cofinanciamiento de proyectos.

Informes semestrales y proyectos prioritarios

La ley también establece que la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), o su sucesora, deberá presentar un informe cada seis meses ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, detallando los recursos asignados a los proyectos, así como la documentación que respalde el uso de dichos recursos para mejorar el control y seguimiento.

El presidente Paz mencionó que esta nueva posibilidad de gestionar fondos externos permitirá avanzar en proyectos solicitados por municipios y gobernaciones, destacando la intención de construir colegios, hospitales y otros proyectos productivos que responden a las demandas locales.

La promulgación de esta normativa busca crear un ambiente propicio para reactivar y dar continuidad a obras que, en administraciones pasadas, no contaban con la financiación adecuada para su realización.