Desacuerdo en la Gobernación por Fallo Judicial a Exfuncionarios

La administración de Chuquisaca se ha manifestado en contra de la resolución del juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Nro. 5, quien optó por evitar la detención preventiva de los exfuncionarios Vivian Chungara y Fernando Selaez. En lugar de eso, el juez decidió aplicar medidas como el arraigo nacional, la prohibición de contacto con testigos y víctimas, y el pago de una fianza de 50.000 bolivianos.

Ambos exfuncionarios enfrentan cargos por presuntos cobros ilegales del 5% del salario de los trabajadores durante la gestión de Damián Condori. Ante esta situación, Adrián Zárate, jefe departamental de Transparencia, informó que se ha presentado una apelación a la decisión judicial, argumentando que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la justicia que no fueron considerados adecuadamente.

Zárate subrayó la importancia de un testigo protegido que ya había declarado ante el Ministerio Público, aportando pruebas significativas que justifican la necesidad de medidas adicionales de protección. Además, consideró que la fianza impuesta a los imputados es simbólica, dado que los montos que se les atribuyen son mucho más elevados.

La apelación se realizó de manera oral durante la audiencia y ahora se espera que el juzgado remita la documentación pertinente a la sala penal correspondiente, donde se fijará una nueva fecha para la audiencia. Por otro lado, se está trabajando en la reprogramación de la audiencia del exgobernador Esteban Urquizu, con el objetivo de que el proceso avance rápidamente.