Bolivia enfrenta aumento significativo en el precio del diésel
La reciente eliminación de la subvención al diésel ha llevado a Bolivia a posicionarse como uno de los países con los precios más altos de este combustible en Sudamérica, generando un cambio notable en la política de subsidios.
Históricamente, Bolivia se caracterizó por ofrecer uno de los diésel más accesibles de la región, pero la situación ha cambiado drásticamente. Con la eliminación de la subvención el 18 de septiembre, el precio del litro de diésel se ha establecido en Bs 17,95, equivalente a aproximadamente $us 1,63. Esto ha situado al país en la segunda posición de mayores precios en Sudamérica, solo superado por Perú, donde el costo por litro se aproxima a $us 1,96.
Este cambio de política representa un giro significativo después de casi dos décadas en las que el diésel se comercializaba a un precio fuertemente subsidiado. Desde 2006, el litro de diésel se mantenía en Bs 3,72, con el Estado cubriendo la diferencia entre ese monto y el costo real de importación. Un intento de aumento de precios en 2010, que buscaba llevar el costo a Bs 6,80, fue revertido tras fuertes protestas que se conocen como el “gasolinazo”.
El subsidio al diésel ha representado una carga económica considerable para el Estado, alcanzando en 2023 un gasto total de Bs 12.678 millones, siendo Bs 12.477 millones de esta cifra dedicados exclusivamente al diésel y la gasolina. El Gobierno justificaba esta política como una forma de mitigar el impacto de los precios internacionales sobre el transporte y el costo de vida de los ciudadanos.
Sin embargo, la crisis de abastecimiento y la escasez de divisas necesarias para la importación de combustibles han alterado este enfoque. A lo largo de 2025, se han reportado problemas de suministro, con largas filas para el abastecimiento de diésel, lo que ha afectado a sectores productivos que requieren este combustible esencial para actividades como la siembra y cosecha.
Con la reciente supresión del subsidio, el gobierno de Rodrigo Paz ha propuesto un sistema de precio único, afirmando que esta medida busca aliviar la presión fiscal y abordar los problemas de abastecimiento. Esta decisión marca el fin de una política de precios que mantuvo artificialmente bajos los costos internos del combustible, pero que también incrementó la carga sobre las finanzas públicas.