Defensa de Bruselas ante la Justicia por multa a X respaldada por EE.UU.

La Comisión Europea ha manifestado su disposición a defender la sanción económica de 120 millones de euros impuesta a la red social X, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara intervenir en el caso ante el Tribunal General de la UE. Esta multa fue dictada por el incumplimiento de las normativas europeas, y el apoyo de EE.UU. se alinea con el pedido de Elon Musk para que se anule la sanción.

El portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, aseguró que tienen un caso sólido para sustentar su posición en el tribunal, destacando que se trata de una cuestión objetiva y factual relacionada con la ley de servicios digitales (DSA). Esta multa fue anunciada en diciembre del año pasado y desde entonces ha sido apelada por la plataforma de Musk.

El Departamento de Justicia de EE.UU., a través de su fiscal general adjunto, Brett A. Shumate, acusó a la Comisión Europea de intentar expandir su autoridad regulatoria para incluir a empresas estadounidenses que no operan dentro de su jurisdicción. Shumate enfatizó que no permitirán una extralimitación regulatoria que busque controlar la innovación estadounidense.

Asimismo, las autoridades estadounidenses han expresado su preocupación por cómo Bruselas clasifica a las plataformas como proveedoras de servicios digitales y cuestionan la legitimidad de este enfoque en relación a la jurisdicción extraterritorial. Además, criticaron la inclusión del propio Musk como persona física en el escrutinio jurídico, lo cual consideran inapropiado.

Bruselas había impuesto la multa como consecuencia de infracciones que incluyen el diseño engañoso de la marca de verificación azul, la falta de transparencia en su repositorio publicitario y la restricción del acceso a datos públicos para investigadores. Las sanciones se desglosan en 45 millones de euros por el uso engañoso de la verificación, 35 millones por el repositorio de anuncios y 40 millones por el acceso restringido a datos.

Este caso representa la primera acción de este tipo contra una plataforma por no cumplir con las normas de transparencia estipuladas por la legislación de servicios digitales de la UE, lo que marca un precedente en las relaciones entre Europa y las grandes empresas tecnológicas estadounidenses.