Avanza la reestructuración de empresas públicas en Bolivia

El Gobierno de Bolivia ha iniciado un proceso de reorganización, disolución o liquidación de las empresas estatales, tras la promulgación del decreto 5727 que establece esta tarea como prioridad. Aún no se ha revelado el destino específico de cada una de estas entidades, aunque se ha informado que un diagnóstico preliminar ha señalado cuáles presentan mayor riesgo.

Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), comunicó que se ha completado el diagnóstico de 66 empresas públicas utilizando una metodología internacional. Este informe ya ha sido enviado al Consejo Superior de la Empresa Pública (Coseep) para su posterior análisis.

Camacho explicó que se está a la espera de información de una subsidiaria de Entel en Perú, la cual no ha enviado los datos requeridos. En cuanto a la situación de las empresas analizadas, se han tomado en cuenta no solo las variables económico-financieras, sino también otros aspectos como la deuda.

El Coseep tiene la tarea de aprobar o sugerir ajustes al diagnóstico, tras lo cual los ministerios responsables tendrán un plazo de 15 días para implementar medidas en un primer grupo de empresas. Estas medidas pueden incluir el cierre, la reestructuración o la fusión de las entidades.

Grado de criticidad de las empresas públicas

• 17 empresas con criticidad alta
• 19 empresas con criticidad media
• 31 empresas con criticidad baja

Entre las empresas más deficitarias se encuentra Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que ha requerido una inversión de 6.100 millones de bolivianos y actualmente opera a solo el 14% de su capacidad. También se menciona a la empresa azucarera San Buenaventura, que produce entre el 35% y 40% de su capacidad debido a limitaciones normativas en la adquisición de materias primas.

El análisis también reveló irregularidades administrativas y problemas de infraestructura en diversas plantas, algunas de las cuales han quedado reducidas a estructuras vacías, construidas solo para aparentar ejecución presupuestaria. Además, se identificaron deudas impositivas por 8.100 millones de bolivianos no reportadas en los balances.

En el ámbito de hidrocarburos, las empresas están incluidas en el análisis, y cada una recibirá un tratamiento específico. Camacho enfatiza que es crucial realizar auditorías exhaustivas, especialmente en entidades como YLB, que fueron constituidas por ley, lo que implica la participación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en el proceso de decisiones.

El plan de ajuste que se implementará contempla opciones como reorganización, fusión o liquidación de aquellas empresas que sean consideradas inviables. La resolución sobre el primer paquete de firmas se determinará en la próxima sesión del Coseep.