Familiares de víctimas de La Calancha logran que se admita un amparo constitucional

La lucha por justicia en el caso de las muertes de La Calancha, ocurridas en 2007, ha llevado a los familiares de las víctimas y a la directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach) a presentar un amparo constitucional. Este recurso busca que un juez de garantías ordene al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) iniciar los trámites para un juicio que ha permanecido estancado durante 19 años.

El presidente del Icach, Ariel Coronado, expresó en una conferencia de prensa que existe una notable falta de "voluntad política" para avanzar con la autorización del juicio en la ALP. Aseguró que tanto el Icach como los familiares de los caídos esperaban estar actualmente en pleno desarrollo del juicio, pero se encontraron con la realidad de que este asunto no se tramita en el Legislativo.

Coronado mencionó que se presentó el amparo constitucional en contra del vicepresidente Edmand Lara, debido a que no han recibido respuesta a al menos tres comunicaciones desde noviembre del año anterior. Estas cartas solicitaban información sobre el estado del juicio de responsabilidades que se encuentra en el Congreso desde 2018, y que no ha tenido avances contundentes.

En su intervención, el presidente del Icach aclaró que se consultó con la Comisión de Justicia Plural sobre el expediente del juicio, pero los legisladores afirmaron no tener conocimiento al respecto, lo que llevó a los abogados a investigar el paradero del trámite judicial.

Juan Cardozo, hermano de uno de los fallecidos, José Luis Cardozo, reiteró que en estos 19 años la búsqueda de justicia no cesa. Cardozo enfatizó que es fundamental que los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus acciones. "No puede quedar en la impunidad, seguiremos luchando por justicia", afirmó.