Beller cuestiona la desigualdad en las pruebas contra Cerimedo y Marset

Nadia Beller ha manifestado su descontento respecto a la detención de Roger Mariaca, quien estaba llevando a cabo investigaciones sobre el asesor presidencial Fernando Cerimedo y su familia. Beller sostiene que la base de esta aprehensión es una conversación informal que tuvo lugar en marzo entre el narcotraficante Sebastián Marset y un agente policial durante su captura.

A través de sus redes sociales, Beller ha denunciado la ruptura del Estado de derecho y la soberanía nacional, acusando al gobierno de encubrir a Cerimedo. También ha señalado que actualmente no hay garantías de un proceso judicial justo en Bolivia.

La conversación entre Marset y el policía, en la que el narcotraficante afirmó que Mariaca era "su amigo", es considerada por Beller como insuficiente para justificar acciones legales. Argumenta que se trata de las palabras de un delincuente en busca de beneficios, y no de una prueba válida en un juicio.

Beller también ha criticado la actuación de las autoridades, que mantuvieron la grabación de Marset durante seis meses sin realizar ninguna denuncia. Esta acción se produjo justo cuando se iniciaron las investigaciones contra Cerimedo por varios delitos graves, lo que plantea interrogantes sobre la motivación detrás de la aprehensión de Mariaca.

La abogada ha contrastado este caso con un audio en el que se escucha a Cerimedo pactando pagos de 15.000 dólares por vuelos de narcotráfico, sugiriendo que debería tener la misma relevancia judicial que la conversación de Marset. Esto la lleva a preguntarse: "¿por qué el audio de Marset se utiliza para detener a un fiscal, mientras que el de Cerimedo no tiene el mismo peso?"

Beller advierte sobre una posible doble moral en las decisiones judiciales y critica la influencia de potencias extranjeras en el ámbito legal boliviano. Asegura que estas injerencias pueden socavar la independencia de las investigaciones en curso.

Finalmente, Beller concluyó que la intervención en las fiscalías y el incumplimiento del debido proceso han generado una crisis de seguridad jurídica en el país. Reclamó que en este contexto, se corre el riesgo de que los responsables de los delitos queden impunes, afectando gravemente la democracia boliviana.