El transporte en Sucre se moviliza ante la polémica por tarifas
Los choferes de Sucre se reunirán para decidir acciones frente a la nueva propuesta tarifaria, aduciendo pérdidas económicas y la falta de un estudio técnico adecuado por parte del municipio.
La Federación Departamental de Chóferes de Chuquisaca se encuentra en una situación crítica debido a la reciente propuesta tarifaria presentada por el Gobierno Municipal de Sucre. Los transportistas argumentan que los cálculos realizados por la Alcaldía se sustentan en datos inexactos sobre el consumo de combustible, lo que les obliga a trabajar en condiciones de pérdida.
Para abordar esta problemática, se programó un ampliado departamental que tendrá lugar este viernes a las 10:00 en la sede de la Federación. Los choferes buscan establecer una postura oficial y determinar las acciones a seguir ante la situación.
Guilvar Quispe, dirigente del sindicato, destacó que los afiliados son responsables de sus herramientas de trabajo y de los compromisos financieros adquiridos. Por ello, no pueden ser forzados a operar en condiciones que no les permitan cubrir sus costos básicos.
Los choferes critican que el estudio técnico elaborado por la Alcaldía no refleja la realidad del trabajo diario. Mencionaron que se fijó un consumo hipotético de 16 litros de diésel por microbús, cuando el gasto real es mucho mayor, entre 30 y 40 litros.
Además, se señaló que el gasto mensual estimado en diésel supera los 8.000 bolivianos para 26 días laborables, lo cual no se ajusta a sus realidades económicas. La crisis se ha agudizado tras el aumento del precio del diésel, que ha eliminado la subvención gubernamental al combustible.
Los transportistas también denunciaron la falta de control sobre el servicio de transporte libre, que cobra tarifas sin distinciones, algo que agrava aún más la situación del transporte público. En este contexto, exigen que el municipio entregue el estudio técnico completo para su análisis en mesas de trabajo transparentes.
Por último, la dirigencia planteó que para equilibrar la crisis, se considere una reducción del 50% en los salarios de los funcionarios públicos. Las decisiones sobre futuras movilizaciones o negociaciones serán tomadas por la federación.