La Crisis de la Legalidad en Bolivia
El país enfrenta una profunda crisis institucional que transforma la Constitución en un mero símbolo, mientras se consolidan prácticas de arbitrariedad y corrupción.
El concepto de constitucionalismo moderno implica el sometimiento del poder político a la Constitución y a la ley. Sin embargo, cuando las garantías democráticas se desmoronan y se desarticulan los mecanismos de control institucional, se presenta un fenómeno alarmante conocido como Estado Inconstitucional de No Derecho. Este estado no es solo una teoría, sino una triste realidad en el contexto de la crisis estructural que vive Bolivia actualmente.
La Constitución Política del Estado de 2009, que originalmente incluía un amplio catálogo de derechos y garantías, ha perdido su capacidad de acción efectiva. Se ha visto socavada por un sistema donde el poder fáctico prevalece sobre el normativo, intensificando la erosión institucional en el país. Esta situación ha provocado un distanciamiento notable de la Norma Suprema, dando paso a una 'legalidad paralela' donde la ley se aplica de manera severa contra ciudadanos comunes, pero es flexible ante abusos de poder.
Contrarreformas y vulneración de derechos fundamentales.
La erosión de la Constitución se ve reflejada en las contrarreformas que, en esencia, han modificado la Carta Magna de manera informal. Ejemplo de esto es la Sentencia Constitucional Plurinacional N.º 0084/2017, que declaró la reelección indefinida de manera inconstitucional, argumentando que era un derecho humano. Tales decisiones han generado un conflicto entre el Poder Constituyente y el poder constituido. Otro caso significativo es la Declaración Constitucional Plurinacional No. 003 de 2013, que permitió a Evo Morales aspirar a la presidencia una vez más, constituyéndose en una clara violación del orden democrático.
La crisis institucional se agrava por la inestabilidad del Órgano Judicial, que ha sido sujeto a influencias políticas y corporativas. El Tribunal Constitucional Plurinacional, en lugar de ser el guardián de la Constitución, ha actuado como un superpoder, validando la autoprórroga inconstitucional de sus magistrados y debilitando la legitimidad del sistema judicial, lo que a su vez afecta la separación de poderes.
La situación actual evidencia que los poderes públicos ya no actúan conforme a la supremacía constitucional, sino que responden a intereses particulares de caudillos en conflicto. Esto ha llevado a una crisis política y económica que se manifiesta en un vacío de certidumbre jurídica. La población se encuentra en un estado de indefensión, comprendiendo que buscar justicia en los tribunales es arriesgarse a una extorsión política.
Para superar el Estado Inconstitucional de No Derecho es vital una reinstitucionalización profunda. Esta tarea implica recuperar la independencia del poder judicial y restaurar la separación de poderes. Sin un sistema judicial imparcial y sin límites al ejercicio del poder, Bolivia seguirá atrapada en una espiral de degradación democrática, poniendo en riesgo los cimientos de la República.