La gestión de Roger Mariaca en el Ministerio Público deja varios casos de corrupción sin resolver
Durante su administración, al menos siete casos de corrupción siguieron en la incertidumbre, junto con juicios que no avanzaron y el incumplimiento de leyes sobre la designación de fiscales.
La gestión de Roger Mariaca al frente del Ministerio Público ha estado marcada por la falta de resolución en varios casos de corrupción. A pesar de haber pasado casi dos años en el cargo, hasta la fecha no se han esclarecido múltiples denuncias relacionadas con la administración de millones de dólares y bolivianos. Igualmente, los juicios de responsabilidades que corresponden exclusivamente a la Fiscalía General del Estado han permanecido estancados, al igual que sucedió con sus predecesores, Ramiro Guerrero y Juan Lanchipa.
Mariaca fue destituido el pasado viernes tras la modificación de un artículo de la ley del Ministerio Público, en medio de acusaciones por sus supuestos lazos con el narcotraficante Sebastián Marset y diferentes organizaciones criminales. Los casos de corrupción que aún están en investigación incluyen Derechos Reales, ‘Maletas’, ‘Narcomaderas’, entre otros, además de casos de sicariato que no han logrado identificar a los autores.
Casos emblemáticos de corrupción sin avances claros
- Derechos Reales
- Maletas
- Narcomaderas
- Oro
- Gasolina Basura
- Botrading
El caso de Derechos Reales, relacionado con desfalcos millonarios en Santa Cruz y Beni, fue archivado tras más de un año de investigación. El fiscal departamental Alberto Zeballos decidió sobreseer el caso, lo que generó críticas del Consejo de la Magistratura, que ahora está evaluando la posibilidad de retomar acciones. En febrero de 2025, varios funcionarios fueron acusados y detenidos, pero ahora están en libertad tras el sobreseimiento.
En cuanto al caso ‘Maletas’, este se originó en noviembre de 2025 y ha generado controversia debido a implicaciones de tráfico de influencias y vínculos con organizaciones criminales. La exdiputada Laura Rojas está en el centro de la investigación, relacionada con el ingreso de 31 maletas a Bolivia, cuya ubicación actual sigue siendo desconocida. Los responsables enfrentan detención domiciliaria, mientras que la investigación avanza lentamente.
El caso ‘Narcomadera’, que surgió en junio de este año tras el hallazgo de más de 100 toneladas de droga en el puerto de Arica, también continua sin resolverse. Mariaca había indicado que las investigaciones estaban en curso en varios departamentos del país, pero hasta ahora no se han logrado aclarar los hechos. La situación se complica debido a las dudas que persisten entre las autoridades bolivianas y chilenas sobre la implicación de la madera en el tráfico de drogas.
Otros casos como ‘Gasolina Basura’ y ‘Botrading’ también siguen en la incertidumbre. En el primero, el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, enfrenta acusaciones sin que se hayan producido avances significativos. En el caso de Botrading, tras más de 14 meses de investigación, la Fiscalía ha solicitado la confiscación de bienes, pero el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, sigue sin ser extraditado para responder ante la justicia boliviana.
La falta de avance en estos casos ha suscitado críticas sobre el cumplimiento de la Ley 260 del Ministerio Público. Esta ley establece que los fiscales deben ser designados por convocatoria pública, un procedimiento que no se ha seguido adecuadamente en los últimos años. Expertos en derecho, como el expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, han instado a que el nuevo fiscal general impulse un cambio en este proceso para fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público.