Soboce demanda a la Comunidad Andina para detener pago a Fancesa
La cementera Soboce ha interpuesto un reclamo ante la Comunidad Andina, buscando frenar el pago de Bs 744 millones a Fancesa, acusando irregularidades en el proceso judicial.
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) ha presentado un reclamo formal ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA). La empresa solicita la suspensión de una sentencia que le ordena pagar a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) más de 744 millones de bolivianos, argumentando una serie de irregularidades en el proceso judicial.
Soboce ha expresado que esta acción responde a un "quiebre de la seguridad jurídica" y a un "trato discriminatorio" que ha sufrido como inversor subregional, apelando a la Decisión 291. La firma paceña argumenta que la solicitud de suspensión es una medida necesaria para detener el cobro coactivo mientras se evalúa la responsabilidad del Estado en este litigio.
Ricardo Barrientos, gerente nacional de Administración y Finanzas de Soboce, declaró que el verdadero origen del conflicto no es la competencia desleal, sino una deuda que el Estado tiene con la empresa desde hace 16 años. Aseguró que la demanda en su contra fue una estrategia de presión para obligar a la empresa a negociar un monto por la expropiación de sus acciones en Fancesa.
Barrientos también denunció irregularidades en el proceso judicial, mencionando que en múltiples ocasiones Soboce no fue debidamente notificada de resoluciones que afectaron su defensa. Además, dijo que se han otorgado privilegios a Fancesa que no deberían existir para una Sociedad Anónima.
Desde un enfoque legal, Hugo Gómez, asesor internacional de Soboce y ex presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), indicó que las autoridades bolivianas han violado el principio de "trato nacional" y no solicitaron la interpretación prejudicial correspondiente antes de emitir la condena. Esto, según Gómez, vulnera el Derecho Andino, que busca garantizar la igualdad de condiciones en la competencia empresarial.
Finalmente, Soboce ha reafirmado su compromiso de seguir adelante con acciones legales tanto a nivel nacional como internacional para proteger sus derechos. Barrientos concluyó advirtiendo que un Estado que favorece a empresas de capital boliviano perjudica su reputación como destino de inversión ante la comunidad internacional.