Aumento de precios afecta la alimentación de las familias bolivianas
Un estudio de la Defensoría del Pueblo revela que el encarecimiento de los alimentos ha llevado a uno de cada tres hogares a reducir sus comidas diarias, afectando especialmente a los grupos más vulnerables.
La reciente investigación realizada por la Defensoría del Pueblo indica que el aumento en los precios de los alimentos está generando cambios significativos en la alimentación de las familias en Bolivia. De acuerdo a los datos recolectados, un tercio de los hogares encuestados ha disminuido el número de comidas diarias debido a la dificultad para cubrir el costo de los productos básicos.
El estudio, que abarcó las nueve capitales de departamento y la ciudad de El Alto, se llevó a cabo entre el 31 de julio y el 25 de septiembre. Durante este monitoreo se identificaron aumentos considerables en los precios de 21 productos alimenticios seleccionados como prioritarios.
"Se debe prestar atención a la alerta nutricional que se presenta en esta situación", manifestó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al exponer los resultados del seguimiento acerca del acceso a alimentos y su repercusión en el derecho a la alimentación.
El deterioro en el presupuesto familiar se hace evidente en diversas decisiones. Un 71% de los encuestados considera que sus recursos son insuficientes para garantizar una alimentación adecuada; además, el 94% ha reducido la cantidad de alimentos adquiridos y el 86% ha alterado sus hábitos alimenticios habituales.
El monitoreo incluyó 63 entrevistas a jefes de hogar, y se encontró que el 18% de los participantes solo puede cubrir parcialmente las necesidades alimentarias esenciales. También se destaca que un 33% de los hogares ha disminuido las raciones diarias y que una parte considerable de sus ingresos se destina a la compra de alimentos.
La advertencia sobre la calidad nutricional es crucial, ya que Callisaya alertó que las familias podrían estar reemplazando productos de mayor calidad por opciones más económicas y, por ende, de menor valor nutricional. Este fenómeno afecta con mayor severidad a los grupos más vulnerables, como las personas mayores y aquellas con discapacidad.
Otro hallazgo del monitoreo es que el 11% de los encuestados ha recortado sus gastos en salud para destinar esos recursos a la compra de alimentos, lo que evidencia la intensa presión que enfrentan los hogares para mantener su alimentación.
La Defensoría del Pueblo atribuye esta problemática al aumento de precios que se ha registrado tras el levantamiento de la subvención al diésel, y hace un llamado a implementar medidas que protejan el derecho a la alimentación de la población.