martes 27 de octubre de 2026

Economía

Acuerdo con el FMI establece reformas en precios de gasolina para 2027

En un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Bolivia alineará el precio de la gasolina a los valores internacionales desde enero de 2027. Este pacto busca fortalecer la economía y garantizar la estabilidad fiscal del país.

Por Ronald Ávalos · 8 de octubre de 2026

El convenio, que asciende a 1.900 millones de dólares, fue suscrito por la administración de Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que a partir de enero de 2027, el precio de la gasolina se ajustará para reflejar los precios del mercado internacional.

El acuerdo fue aprobado el 2 de octubre por el Directorio Ejecutivo del FMI y tiene una duración de 36 meses. Esto permitirá a Bolivia acceder a DEG 1.369 millones, que equivalen a cerca de 1.900 millones de dólares, para implementar reformas económicas.

Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI, destacó que el gobierno boliviano ha tomado medidas significativas para corregir desequilibrios macroeconómicos persistentes. La implementación del acuerdo busca mejorar la estabilidad económica, proteger a los sectores más vulnerables y fomentar un crecimiento inclusivo.

Según el documento, la introducción de un sistema de precios basado en fórmulas se llevará a cabo en enero de 2027. Este proceso fue ampliado por un decreto que estableció un precio fijo por seis meses adicionales, a fin de mitigar el impacto en la economía, especialmente tras un periodo de bloqueos que afectaron el suministro de combustibles.

El acuerdo también aborda preocupaciones sobre el contrabando y los costos fiscales relacionados con el precio de los combustibles, permitiendo a los grandes consumidores adquirir diésel a precios de recuperación, lo que podría reducir los incentivos para actividades ilegales.

El expresidente Tuto Quiroga criticó que los detalles sobre el acuerdo se hayan conocido a través del FMI y no por medio del gobierno boliviano. Según Quiroga, la falta de información oficial obstaculiza la transparencia en la gestión pública y el acceso a datos relevantes para el Congreso.