Investigación sobre vínculos familiares en Sedes Chuquisaca
La Gobernación de Chuquisaca está indagando la situación de cerca de 200 funcionarios del Servicio Departamental de Salud por sospechas de incompatibilidades laborales derivadas de relaciones familiares.
La Jefatura de Transparencia de la Gobernación de Chuquisaca ha identificado a aproximadamente 200 empleados del Servicio Departamental de Salud (Sedes) que podrían estar involucrados en situaciones de incompatibilidad laboral relacionadas con lazos de parentesco o afinidad. Esta información ha sido enviada a la autoridad sumariante, quien se encargará de determinar si hay responsabilidad administrativa.
El jefe de Transparencia, Adrián Zárate, comentó que los casos implican principalmente a personal del área de salud, incluyendo médicos, enfermeras y otros trabajadores que se desempeñan en diversos hospitales de la región. Las incompatibilidades detectadas se relacionan con vínculos familiares como hermanos, padres e hijos, así como cónyuges.
De los funcionarios notificados, cerca de 190 han presentado sus descargos. Algunos argumentaron haber accedido a sus puestos a través de concursos de méritos o exámenes de competencia. Sin embargo, Zárate aclaró que estas justificaciones no necesariamente eliminan la posibilidad de incompatibilidad, lo que obligará a un análisis detallado de cada caso por parte de la autoridad competente.
Durante la investigación, se ha observado que alrededor de 10 de estos empleados han dejado sus cargos, ya sea por finalización de contrato o por renuncia. La autoridad sumariante determinará si se deben considerar las circunstancias laborales durante el tiempo en que estos funcionarios estuvieron activos.
Zárate también indicó que algunos de los casos investigados son de años anteriores, incluso desde 1999 y 2000, y que el informe abarca incorporaciones hasta el año 2025. Se advirtió que, si una incompatibilidad persiste mientras un individuo esté en funciones, esto podría interpretarse como una infracción de carácter permanente.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en junio, cuyo plazo inicial de 45 días hábiles fue extendido por otros 45 días para asegurar la recopilación de la documentación y los descargos. Posteriormente, las autoridades sumariantes deberán examinar cada caso para determinar la existencia de responsabilidad y, de ser el caso, si procede la desvinculación de los implicados.
Zárate enfatizó que la Jefatura de Transparencia no se encarga de dictar culpabilidades ni de decidir la salida de los funcionarios, sino que su labor consiste en remitir los antecedentes para el respectivo procesamiento. Además, la Gobernación llevará a cabo un seguimiento mensual de los casos y de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.