Dudas sobre las movilizaciones pro Evo y solicitudes de indagación sobre sus financiamientos
Las protestas promovidas por grupos cercanos a Evo Morales generan controversia, mientras el Gobierno solicita investigar el origen de los recursos utilizados para los bloqueos recientes.
Las movilizaciones organizadas por sectores aliados a Evo Morales han suscitado críticas, en particular por parte de Guadalupe Cárdenas, ex representante de las esposas de Policías. Esto ocurre en un contexto donde persiste el estado de excepción, y el Gobierno alerta sobre posibles bloqueos en el país. Los grupos movilizados expresan su desacuerdo con las decisiones económicas del Ejecutivo, que incluyen la eliminación de la subvención al diésel y otras medidas que afectan a las empresas estatales.
Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, comentó que se han encontrado indicios sobre el origen de financiamiento tras los 53 días de bloqueos que tuvieron lugar entre mayo y junio. Esta información lleva a suponer que las movilizaciones están conectadas con estructuras criminales, aunque las acusaciones deberán ser respaldadas con pruebas concretas a través de las investigaciones pertinentes.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aclaró que si bien las marchas y protestas pacíficas son permitidas, no se tolerarán bloqueos que interrumpan la circulación, ni que pongan en riesgo el abastecimiento de alimentos y medicamentos, o la seguridad pública. Asimismo, enfatizó que cualquier acción que se lleve a cabo debe estar dentro del marco de la ley.
Las críticas también se centran en incidentes de violencia dirigidos hacia miembros de la policía durante episodios de conflicto anteriores. Sin embargo, se destaca la necesidad de establecer responsabilidades individuales y comprobar el financiamiento irregular de las movilizaciones a través de evidencia concreta, evitando suposiciones antes de que las investigaciones concluyan.
A pesar de los cuestionamientos, los grupos cercanos a Morales continúan con su plan de movilización hacia La Paz. Hasta el 12 de octubre, no se había fijado una fecha exacta para dicha marcha. La Policía, por su parte, ha indicado que implementará controles en las carreteras y trabajará en conjunto con las Fuerzas Armadas para prevenir conflictos y asegurar la libre circulación.