Reflexiones sobre la Seguridad y el Poder en Bolivia
El reciente discurso de autoridades bolivianas plantea inquietudes sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos ciudadanos, sugiriendo una posible tendencia hacia un exceso de poder estatal.
Las recientes afirmaciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y del fiscal general, han generado preocupaciones acerca de cómo se ejerce el poder en Bolivia. No se trata únicamente de declaraciones desafortunadas, sino de una concepción del poder que podría llevar a una confusión entre la seguridad y el ejercicio de la autoridad.
Cuando un alto funcionario utiliza etiquetas como "narcoterrorismo" al referirse a personas bajo investigación, o cuando se insinúa una conexión entre la prensa y actividades delictivas, estamos ante un peligro que trasciende la retórica.
Este escenario plantea preguntas críticas sobre los márgenes del poder estatal y el respeto a los derechos de los ciudadanos. La teoría del sociólogo Max Weber sobre el monopolio legítimo de la violencia del Estado se hace relevante, destacando que este poder no es absoluto.
El rol de un ministro no es el de juez o fiscal, y es esencial que no se socave la presunción de inocencia a través de acusaciones públicas. La Constitución de Bolivia tiene el propósito de prevenir el abuso del poder.
La noción de un Estado policial implica que las instituciones de seguridad ganen tanto poder que los derechos de los ciudadanos queden supeditados a sus decisiones. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, sino que se insinúa cuando se acepta que cuestionar la autoridad se convierte en una amenaza.
Bolivia tiene un historial en el que se ha cuestionado el uso de la justicia con fines políticos, especialmente bajo gobiernos anteriores. Sería incoherente que aquellos que abogaron por el fin de tales prácticas las justifiquen ahora que hay un cambio en el poder.
Además, la tendencia de "securitización de la política" se presenta cuando cuestiones políticas se enmarcan como amenazas a la seguridad nacional, justificando así medidas extremas. Este proceso puede convertir a un crítico en un sospechoso antes de que se logre una intervención legal.
Si bien todos reconocemos la importancia de combatir el narcotráfico y la corrupción, esto no debe traducirse en un debilitamiento de los derechos fundamentales como el debido proceso y la libertad de prensa. La investigación debe seguir los cauces legales y no depender de declaraciones públicas.
A pesar de que no se puede afirmar categóricamente que Bolivia esté bajo un Estado policial, es fundamental no desestimar las señales de alerta. El Ministerio de Gobierno es responsable de uno de los aspectos más sensibles del Estado: su capacidad de coerción, que debe estar sujeta a controles y límites establecidos por la ley.
La cuestión central no radica únicamente en si el Gobierno tiene el derecho de luchar contra el crimen organizado, sino en quién supervisa a quienes detentan ese poder y qué protección tienen los ciudadanos frente a sus decisiones. La calidad de una democracia se mide no solo por la contundencia en la persecución de presuntos enemigos, sino por los límites que se imponen a esa persecución.