Estados Unidos podría seguir imponiendo sanciones; Gobierno boliviano concuerda con las indagaciones
Luego de la divulgación de restricciones de visa por parte de Estados Unidos, se anticipa que se elaboren nuevas listas de sanciones contra individuos ligados a delitos de corrupción y narcotráfico. El Gobierno afirma que sus investigaciones internas presentan coincidencias con las acusaciones norteamericanas.
Recientemente, Estados Unidos informó sobre la implementación de restricciones de visa que afectan a ciudadanos bolivianos, lo que ha generado reacciones entre analistas y exdiplomáticos que prevén la emisión de nuevos listados en relación con la corrupción y el narcotráfico.
Jaime Aparicio, exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió en el canal Unitel que esta situación podría dar lugar a nuevas listas de sanciones, en el marco de la estrategia estadounidense en la lucha contra el crimen organizado, lo que responde a una advertencia tras la descertificación en la lucha antidrogas durante el gobierno de Donald Trump.
Aparicio subrayó que el último listado de sanciones impactó a altas autoridades del poder judicial, indicando la presencia de estructuras mafiosas dentro del Estado. En este contexto, hizo un llamado a iniciar una "purga" para depurar las instituciones estatales, cuestionando la permanencia en sus cargos de fiscales y autoridades relacionadas con administraciones pasadas, casi un año después de la asunción del presidente Rodrigo Paz.
En paralelo, el vicepresidente Edmand Lara señaló que la lista divulgada por el Departamento de Estado podría no estar completa, ya que de una supuesta nómina de 22 personas, solo se revelaron 15 nombres. Lara instó a que se garantice la transparencia y se evite ocultar la identidad de otros involucrados.
Ante estas preocupaciones, el portavoz del Gobierno, José Luis Gálvez, afirmó que ya se están llevando a cabo investigaciones internas sobre funcionarios, tanto actuales como pasados. Gálvez destacó que hay "muchas coincidencias" entre las indagaciones locales y las acusaciones provenientes de Estados Unidos, y expresó que se ha decidido apartar de sus funciones a aquellos que presenten indicios de irregularidades.
El vocero también reafirmó el compromiso del Gobierno con una política de "cero tolerancia" ante cualquier vinculación con el crimen organizado, enfatizando que no habrá excepciones basadas en el color político, el uniforme o el cargo, en el proceso de saneamiento institucional que se está llevando a cabo.