TCP denuncia la circulación de un fallo falso y la venta de sentencias

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha denunciado ante el Ministerio Público a dos individuos por intentar utilizar una sentencia falsificada en la Confederación Universitaria Boliviana (CUB). Además, un funcionario fue apartado del cargo tras ser descubierto vendiendo sentencias.

Oswaldo Silva, asesor legal del TCP, indicó que la sentencia falsa, identificada como 910/2026 y fechada en mayo de este año, no figura en el sistema, y corresponde a otro expediente que aún está en espera de ser asignado a un magistrado para su elaboración.

Este proceso no está concluido, y la sentencia como tal es falsa porque prácticamente nunca ha nacido a la vida jurídica. Esto se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Los denunciados, Walter Junior Nakashima y Ximena Patricia Aguilar Lazarte, están siendo investigados por el uso de un documento falsificado. Aunque los nombres de dos magistrados aparecían en la sentencia, estos no tienen relación con el caso.

En otro caso, un funcionario del TCP fue denunciado por ofrecer una sentencia favorable a cambio de un pago. Tras la denuncia, este funcionario fue desvinculado y también denunciado ante el Ministerio Público. A pesar de haber sido despedido, intentó seguir operando como si aún formara parte de la institución.

Este exfuncionario, que había cobrado unos 10.000 bolivianos, fue sorprendido recibiendo dinero y actualmente enfrenta una detención preventiva mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

El TCP también ha llevado a cabo una depuración interna, destituyendo a empleados que presentaron documentos falsificados para ingresar a la institución. Se han encontrado varios casos de falsificación de diplomas y títulos, y se ha remitido la información al Ministerio Público para su respectiva investigación.

Ante estos incidentes, el TCP ha empezado a implementar controles preventivos, incluyendo compromisos de confidencialidad y un refuerzo en la vigilancia, para salvaguardar la integridad de la institución y de sus procesos.