Investigación sobre jueces bolivianos con visa revocada
El decano Manuel Baptista ha solicitado una indagación sobre jueces y exjueces bolivianos cuyos visados han sido cancelados por Estados Unidos debido a supuestos vínculos con corrupción y narcotráfico.
Manuel Baptista, decano del Consejo de la Magistratura, ha pedido a la Sala Plena de la institución que se inicie una investigación preliminar sobre las autoridades judiciales bolivianas que figuran en las listas de ciudadanos a quienes se les ha revocado la visa por parte del Gobierno de Estados Unidos.
El 23 de octubre, Baptista envió una nota solicitando el inicio de un procedimiento que incluya la recolección de antecedentes y acciones de control sobre los jueces y exjueces mencionados en las restricciones impuestas por Estados Unidos.
El decano expresó que es fundamental que el Consejo de la Magistratura adopte decisiones urgentes para esclarecer los hechos relacionados con las medidas restrictivas del Gobierno estadounidense, que involucran a autoridades judiciales en funciones y exjueces.
Baptista indicó que la gravedad de esta situación, publicada en dos listas el 28 de septiembre y el 22 de octubre, sugiere la necesidad de adoptar una postura institucional responsable y fundamentada, dada la implicación de estos individuos en actividades de corrupción y narcotráfico.
En declaraciones a CORREO DEL SUR, Baptista también solicitó que se obtenga información oficial de la embajada de Estados Unidos a través de la Cancillería, con el fin de esclarecer los supuestos vínculos de los afectados con el narcotráfico y la corrupción.
El 29 de septiembre, Carlos Spencer, presidente del Consejo de la Magistratura, anunció que había instruido a sus representantes en todo el país para que realicen un levantamiento técnico y administrativo sobre los servidores judiciales mencionados en la lista de restringidos para ingresar a Estados Unidos.
Hasta la fecha, no se ha informado sobre las acciones tomadas por la institución respecto a los jueces y exjueces implicados en estas restricciones, lo que genera incertidumbre y preocupación sobre la gestión de la justicia en el país.
La situación resalta la urgencia de actuar en defensa de la integridad del sistema judicial boliviano, ya que el debilitamiento de la confianza en estas instituciones podría tener consecuencias graves para la administración de justicia en Bolivia.