Los bloqueos y su impacto en Bolivia

Bolivia tiene una larga trayectoria de bloqueos como forma de presión política y social. A lo largo de la historia, esta táctica ha sido utilizada en momentos críticos para enfrentar dictaduras y propiciar el retorno a la democracia. Sin embargo, con el paso de los años, el bloqueo ha evolucionado y se ha convertido en una práctica habitual que ha causado más daños que beneficios al país.

En momentos como 1979, durante la dictadura de Alberto Natusch Busch, los bloqueos y huelgas generales fueron herramientas efectivas de resistencia, logrando una paralización total del país y la caída del régimen militar. En esos tiempos, los bloqueos eran una respuesta a una grave crisis de derechos democráticos y libertades.

Sin embargo, desde la recuperación de la democracia en 1982, el uso del bloqueo se ha vuelto más común y se ha transformado en un método de negociación para diversos grupos sociales y políticos. Entre 2000 y 2005, durante eventos como la Guerra del Agua y la Guerra del Gas, y el paro de 2019 tras el fraude electoral, esta práctica regresó al primer plano, pero con intenciones diferentes, enfocándose en agendas sectoriales y conflictos internos de poder.

El impacto económico de los bloqueos ha sido devastador. En 2024, se reportaron pérdidas superiores a 1.700 millones de dólares en Cochabamba y el eje central del país, con la paralización de exportaciones, escasez de alimentos y medicamentos, y la interrupción de servicios de salud. Las imágenes de ambulancias detenidas y oxígeno retenido se han vuelto parte de una triste rutina nacional.

A esta crisis económica se suma una notable pérdida de confianza internacional. Bolivia es vista como un territorio inestable, donde las rutas pueden cerrarse en cualquier momento, afectando su credibilidad ante inversionistas y países vecinos. En un contexto global donde la logística es crucial, Bolivia ha empezado a perder competitividad frente a otros países de la región.

El debate sobre una legislación que limite los bloqueos no debe caer en la trampa de elegir entre "autoritarismo" y "derecho a la protesta". El verdadero desafío es permitir la protesta pacífica sin permitir que el país se paralice. Penalizar el bloqueo violento y el uso de explosivos no es criminalizar la protesta, sino establecer un marco democrático que evite daños colectivos.

Bolivia también enfrenta una debilidad estructural que agrava este problema: el corredor La Paz-Cochabamba. Esta red vial radial convierte a estos departamentos en puntos de congestión, de modo que un bloqueo en cualquier parte puede afectar al resto del país. Esta situación ha llevado a otros países de la región a crear rutas alternativas que evitan el territorio boliviano.

La solución no radica únicamente en nuevas leyes, sino en desarrollar una visión estratégica de integración territorial. Bolivia aún puede fortalecer ejes viales que conecten Chuquisaca, Potosí, Tarija y Santa Cruz, además de crear rutas internas que impidan que un bloqueo en un lugar aísle al país completo.

El uso indiscriminado de bloqueos ha propiciado un nuevo tipo de aislamiento. Bolivia, que ya carece de acceso soberano al océano Pacífico, se encuentra ahora también aislada hacia el Atlántico debido a las constantes interrupciones en sus rutas y pasos fronterizos. Un problema externo se ha convertido en una limitación interna, resultado de acciones propias.

De este modo, el bloqueo, que originalmente era un recurso de liberación, se ha convertido en un freno para el desarrollo boliviano. El país se enfrenta a una elección crucial: continuar siendo un punto de congestión o asumir su rol como un país puente en la región.

La implementación de una ley antibloqueos que respete la democracia, junto a infraestructura alternativa y una diplomacia efectiva, podría marcar un nuevo comienzo. Este sería el verdadero camino hacia la integración sostenible, permitiendo el derecho a la protesta sin comprometer el futuro del país.