Gobierno reconsidera el 50-50 y presenta un nuevo marco de autonomías
En un reciente encuentro, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, destacó la necesidad de abordar el alivio de deuda y la autonomía de gestión en el corto plazo, relegando la redistribución de recursos y la reforma a la Ley Marco de Autonomías para más adelante.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, acompañado del viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, se pronunció sobre la creciente expectativa generada en torno a la reunión entre los Gobernadores y el presidente Rodrigo Paz, en el marco de las celebraciones de la efeméride nacional. Este encuentro ha generado un ambiente propicio para que cada actor busque soluciones que alivien su situación actual y fortalezcan su posición en el futuro.
Espinoza ha señalado que el concepto del 50-50, que funcionó en la campaña electoral, ya no es viable, a pesar de que el gobierno lo haya defendido públicamente. En su lugar, el ministro devolvió la atención al Pacto Fiscal y a la necesidad de reformar la Ley Marco de Autonomías, un marco que ha limitado el pleno ejercicio de la autonomía tanto departamental como municipal.
Las autoridades han acordado cuatro puntos clave para trabajar en la redefinición del Pacto Fiscal: la condicionalidad del gasto, los criterios para la redistribución de ingresos, mecanismos de alivio de deuda y la mencionada reforma de la Ley Marco de Autonomías. En cuanto a la condicionalidad del gasto, el Senado ya aprobó una ley que exime a varias competencias nacionales de obligaciones de pago con el IDH departamental, lo que podría ofrecer cierto alivio. Sin embargo, persisten problemas, como la retención de recursos de IDH para el Fondo de Incentivos Petroleros, que sigue siendo un tema conflictivo.
En lo que respecta a la redistribución de ingresos, este es un aspecto crítico, ya que no solo se trata de porcentajes, sino también de los criterios que se aplicarán, los cuales, según se ha observado en otros países, deben considerar factores que promuevan un desarrollo equitativo y retengan a la población mejor capacitada.
El ministro también abordó el tema del alivio de deuda, enfatizando su importancia para los departamentos más pequeños y aquellos con altos niveles de endeudamiento, como Tarija, que ha sufrido las consecuencias de una gestión inadecuada durante la última década. Desde 2006 hasta 2015, los ingresos por renta petrolera crecieron, pero la caída de los precios de los hidrocarburos desde 2016 ha dejado a muchos compromisos en una situación comprometida, generando deudas que aún deben ser saldadas.
Tarija, que tenía una deuda reportada de 944 millones de bolivianos a abril de 2026, enfrenta un desafío adicional con un crédito histórico adquirido para la construcción de San Jacinto, que pese a su condonación, sigue siendo reclamado por el nivel central. La Gobernación de Tarija espera la implementación de un mecanismo que facilite la resolución de estas urgencias, lo que permitirá discutir otras medidas a partir de 2027.