Acuerdo 001/2026: Avances hacia una nueva Ley de Coparticipación y mayor Autonomía Fiscal
El Gobierno y los nueve gobernadores del país han firmado un importante acuerdo en Sucre para fortalecer las autonomías departamentales, con el objetivo de reformar la distribución de recursos fiscales y ampliar las competencias de las gobernaciones.
Este miércoles, en la ciudad de Sucre, se formalizó el Acuerdo 001/2026 entre el Gobierno nacional y los gobernadores de las nueve regiones del país. Este compromiso da inicio a la Agenda 50/50, una iniciativa orientada a potenciar las autonomías departamentales a través de reformas en la gestión de recursos, el régimen tributario y las competencias de las gobernaciones.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la creación de una mesa técnica que se encargará de desarrollar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. El objetivo es alcanzar consensos durante la actual gestión legislativa, con miras a implementar este nuevo esquema a partir de la gestión fiscal del año 2027.
Asimismo, se acordó evaluar distintos mecanismos para aumentar la autonomía fiscal de las gobernaciones, lo que incluye la opción de reclasificar bases imponibles que actualmente son administradas por el nivel central. También se contempla la creación de nuevos tributos bajo el marco constitucional, la aplicación de sobretasas y la modificación de la Ley 154, que regula la clasificación y definición de impuestos. Este proyecto deberá ser elaborado en un plazo no mayor a 90 días.
En el ámbito de la gestión presupuestaria, se discutió la necesidad de revisar las normas que restringen el uso del gasto departamental y avanzar en la eliminación progresiva de disposiciones que financian obligaciones del Gobierno central o de instituciones extintas. Se buscará que las gobernaciones tengan mayor capacidad para definir sus propios presupuestos, aunque el control de los agregados fiscales seguirá en manos del Gobierno nacional.
El acuerdo también estipula la revisión de la normativa que ha limitado las competencias de los gobiernos departamentales, así como ajustes en las transferencias fiscales, basándose en criterios de sostenibilidad y equidad territorial.
Por otro lado, se plantea la creación de un marco normativo que facilite las alianzas entre el sector público y privado desde las gobernaciones, junto con modificaciones a la Ley 699 para mejorar el relacionamiento internacional de estas entidades. Además, se analizarán medidas para la transferencia progresiva de instituciones públicas a la administración departamental y se implementarán acciones de alivio financiero, tales como la reprogramación de obligaciones económicas.
Para llevar a cabo estos compromisos, el Gobierno nacional se comprometió a proporcionar información técnica a las entidades territoriales, mientras que las gobernaciones deberán contribuir con insumos para desarrollar propuestas consensuadas. El Ejecutivo también anunció la realización de reuniones con municipios, autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco, con el fin de integrar estos acuerdos en un futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.