sábado 12 de septiembre de 2026

Cultura

Alcaldías de Chuquisaca alertan sobre el impacto del nuevo costo del diésel en servicios públicos

Las autoridades locales cuestionan el reciente ajuste en los precios del diésel, advirtiendo que esta medida podría comprometer la operatividad de servicios esenciales en la región.

Por Fernando Torrico · 25 de agosto de 2026

Los gobiernos municipales de Chuquisaca han manifestado su descontento ante el nuevo esquema de precios para el diésel, promulgado bajo el Decreto Supremo 5676. Consideran que se les está tratando de manera similar a grandes consumidores privados, a pesar de que utilizan el combustible principalmente para la prestación de servicios públicos, incluyendo el mantenimiento de caminos, la recolección de basura y el funcionamiento de maquinaria municipal.

Las autoridades municipales han expresado su preocupación, señalando que el aumento del precio del diésel puede forzarlas a redistribuir sus recursos financieros, lo que a su vez podría llevar a la reducción de operaciones y al impacto negativo en proyectos importantes. Esto es especialmente crítico para actividades que requieren el uso frecuente de vehículos pesados como volquetas y tractores, así como para la atención de emergencias y trabajos de infraestructura.

La controversia va más allá del simple ajuste de precios. Las alcaldías están cuestionando si el decreto consideró adecuadamente las diversas realidades que enfrentan los gobiernos locales. En este contexto, han solicitado un diálogo con el Gobierno, buscando ser excluidas de este nuevo régimen de precios.

La situación actual representa un reto significativo para el Gobierno de Rodrigo Paz, ya que la correcta atención a esta problemática es crucial para evitar que el aumento del costo del diésel se traduzca en un deterioro de los servicios que recibe la ciudadanía. El riesgo de que las solicitudes de emergencia se conviertan en movilizaciones es latente.

Las alcaldías de Chuquisaca se encuentran en una encrucijada, donde la gestión eficaz de sus recursos y la preservación de los servicios esenciales para la población dependen de la respuesta del Gobierno ante sus reclamos.