ALD SOLICITA INTERVENCIÓN MILITAR EN SAN IGNACIO ANTE AUMENTO DE VIOLENCIA
La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz pide medidas urgentes para enfrentar la ola de asesinatos en San Ignacio de Velasco, incluyendo la militarización de áreas críticas y la suspensión temporal de clases.
La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz ha pedido al Gobierno que implemente con urgencia medidas de seguridad en San Ignacio de Velasco. Esto incluye la posibilidad de militarizar las áreas identificadas como de alto riesgo debido al reciente aumento de homicidios, presuntamente vinculados al sicariato y al crimen organizado.
Críticas a la estrategia de seguridad
María René Álvarez, presidenta de la ALD, expresó dudas sobre la efectividad del programa Fronteras Seguras, señalando que la presencia del Estado en zonas fronterizas es aún insuficiente. La asambleísta enfatizó la necesidad de acciones más efectivas para prevenir que la violencia se expanda a la vida cotidiana de los ciudadanos.
La preocupación por la seguridad se intensificó tras el asesinato de dos hombres en San Ignacio, ocurridos en un intervalo de solamente 15 minutos. La Policía ha indicado que una de las víctimas no tenía antecedentes delictivos, mientras que el segundo caso podría estar relacionado con la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
Suspensión de clases en debate
Desde la ALD también se consideró la posibilidad de suspender las clases presenciales temporalmente, ante el temor manifestado por los padres y la aparición de marcas en viviendas y escuelas que, según las autoridades locales, estarían asociadas a grupos criminales brasileños. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido confirmación oficial sobre la naturaleza de dichas marcas.
El pedido de militarización llega en un contexto donde el Gobierno ya ha anunciado el envío de fuerzas especiales militares a San Ignacio de Velasco. Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, aseguró que los efectivos estarán en la región el tiempo que sea necesario, en respuesta a la creciente actividad de grupos delictivos que se disputan territorios.
La ALD subraya que San Ignacio "no puede ser tierra de nadie" y exige una presencia estatal permanente, así como un fortalecimiento de la inteligencia y control en la frontera para combatir las organizaciones criminales que operan en la zona.