Alternativas para proteger a los productores tras eliminación de subvención al diésel

La decisión del gobierno boliviano de eliminar la subvención al diésel ha suscitado un intenso debate sobre las implicaciones que esto tendrá para los productores agrícolas. El precio del diésel se ha fijado en Bs 17,95 por litro, atado a las cotizaciones internacionales, lo que genera preocupación en sectores que dependen de este combustible para su labor diaria.

Expertos destacan que la eliminación del subsidio no implica dejar desprotegidos a los productores. Muchos países, desde Estados Unidos hasta varias naciones europeas y africanas, han desarrollado esquemas de devolución tributaria y compensaciones específicas que garantizan apoyo a aquellos que utilizan el combustible con fines productivos.

Modelos internacionales de protección al productor

Entre los mecanismos adoptados en otros países, se incluyen: devoluciones de impuestos, precios diferenciados para ciertos combustibles y compensaciones basadas en el uso efectivo del diésel en actividades productivas. Estas estrategias permiten proteger a sectores específicos sin recurrir a subsidios para todos los consumidores.

Sin embargo, Bolivia enfrenta un reto considerable. Aunque se cuentan con impuestos sobre los carburantes, como el Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) y el IVA, los montos son reducidos en comparación con otros países donde estos mecanismos son efectivos. Esto limita las opciones de devolución para los productores bolivianos.

Propuestas para un nuevo modelo en Bolivia

Una posibilidad sería instituir un crédito fiscal para el diésel, donde los productores paguen el precio completo en el surtidor, pero puedan computar parte del costo como un crédito tributario. Sin embargo, este sistema podría no beneficiar a los pequeños productores que no tienen un volumen suficiente para aprovecharlo.

Otra opción sería establecer un sistema de compensación directa para pequeños productores, con límites claros basados en hectáreas cultivadas, tipo de cultivo y otros factores. Esto no implicaría un suministro de combustible a bajo costo, sino la devolución de parte del sobrecosto mediante un mecanismo que incentive prácticas sostenibles.

Bolivia también podría beneficiarse de un sistema de control y registro de comercialización de combustibles que permita asociar cada carga de diésel al productor y su actividad, facilitando así la trazabilidad y el verificación de consumo.

Finalmente, se podrían considerar apoyos temporales para hacer frente a incrementos extraordinarios, siguiendo ejemplos de otros países que han implementado medidas similares ante crisis energéticas. Este enfoque podría ser complementado con un fondo que gestione con transparencia los recursos generados por la eliminación de la subvención.