sábado 12 de septiembre de 2026

Política

Avanza la investigación en el caso Zapatero por influencias en el Grupo Gloria

La Procuraduría General del Estado continúa supervisando el proceso penal relacionado con el exmandatario español y su supuesta intervención en favor del Grupo Gloria, mientras se evalúa la posible afectación económica al país.

Por Martín Carrasco · 10 de agosto de 2026

La Procuraduría General del Estado se encuentra en la etapa de seguimiento de las indagaciones penales vinculadas al conocido ‘caso Zapatero’, que implica al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en presuntas gestiones para beneficiar al Grupo Gloria de Perú. Este grupo es propietario de la cementera Soboce y se le atribuye haber intentado evitar un pago de 744 millones de bolivianos a la empresa Fancesa, ubicada en Chuquisaca, en el contexto de un conflicto por competencia desleal.

El procurador general, Hugo César León La Faye, aclaró que, actualmente, el caso se halla en litigio, lo que limita la acción de la Procuraduría en términos de investigaciones directas, ya que esta función corresponde a la Fiscalía. León La Faye subrayó que su oficina desempeña un papel de acompañamiento en el proceso judicial.

En una reciente declaración en Sucre, el procurador también informó sobre su presentación ante una comisión de la Cámara de Diputados, donde resaltó que, al asumir su cargo en el gobierno de Rodrigo Paz, ya se había resuelto una acción de amparo constitucional que había anulado el proceso judicial que exigía el millonario pago de Soboce a Fancesa.

El mes pasado, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral requirió al procurador que proporcionara documentos que respalden sus declaraciones sobre la investigación de las supuestas influencias de Zapatero. Esta solicitud provino de diputados de Chuquisaca interesados en acceder a la información que, supuestamente, está disponible en la Procuraduría sobre este asunto.

León La Faye reafirmó que su institución está cumpliendo con las competencias asignadas, llevando a cabo un seguimiento de este y otros casos que involucran controversias entre el Estado boliviano y entidades externas.