Avanza la reestructuración de las empresas estatales en Bolivia

El Gobierno de Bolivia está llevando a cabo un plan de reestructuración, reorganización y disolución de empresas estatales. Pablo Camacho, director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), informó que se ha finalizado un diagnóstico exhaustivo de 66 empresas públicas, utilizando una metodología de evaluación internacional.

Este diagnóstico ha sido enviado para su análisis en la próxima reunión del Consejo Superior de la Empresa Pública (Coseep). Durante la evaluación, se concluyó que el modelo estatal anterior no logró generar un proceso productivo sostenible, dejando al país en una situación de desindustrialización.

Camacho destacó que se ha engañado a la población sobre los resultados de los proyectos estatales, indicando que la esperada industrialización no fue efectiva. Se observó que un grupo de 15 empresas públicas presentó pérdidas significativas.

El diagnóstico reveló que muchas entidades presentan baja productividad y han hecho inversiones considerables sin obtener resultados. Un ejemplo es Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que requirió una inversión de 6.100 millones de bolivianos, pero actualmente opera solo al 14% de su capacidad.

Adicionalmente, la empresa azucarera San Buenaventura opera entre el 35% y el 40% de su capacidad debido a obstáculos normativos que le impiden acceder a materia prima de regiones cercanas como Beni. También se encontraron irregularidades administrativas y problemas de infraestructura en varias plantas bajo el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

De las más de 100 plantas que están bajo la administración de Sedem, muchas se han convertido en estructuras vacías, sin el equipamiento necesario, construidas solo para aparentar un uso del presupuesto. El análisis también detectó deudas fiscales no reportadas que ascienden a 8.100 millones de bolivianos.

En respuesta a esta situación, el nuevo presupuesto del Estado decidió no transferir 3.800 millones de bolivianos a estas entidades que están en crisis. El plan de ajuste contempla la reorganización, fusión o disolución de las empresas que se consideren inviables. La decisión final sobre el primer paquete de empresas estará a cargo del Coseep en su reunión de esta semana.

Una vez que el Coseep apruebe o haga ajustes al diagnóstico, los ministerios correspondientes tendrán un plazo de 15 días para implementar las medidas necesarias. Camacho añadió que este proceso requerirá la colaboración de la Asamblea Legislativa, dado que muchas de estas empresas fueron creadas por leyes específicas que requieren un marco normativo para su cierre o reestructuración.